Cuando la semana pasada TM Grupo Inmobiliario presentó sus cuentas, más de uno se sorprendió. La mayor promotora de la provincia y una de las protagonistas del renacer del ladrillo en la zona admitía una caída del 14% en su facturación el año pasado, que no dudaba en achacar a los retrasos que acumula la tramitación de licencias urbanísticas en muchos ayuntamientos. Un problema generalizado en toda España y que también ha llevado a que algunos de los grandes gigantes del sector que han surgido tras la crisis, como Neinor, se hayan visto obligados a admitir que no podrán cumplir con el ritmo de entregas que habían previsto en su plan de negocio por el mismo motivo.
«La situación es muy grave. Hemos llegado a tener proyectos paralizados durante 22 meses y, ahora mismo, tenemos promociones a la espera de licencia desde hace 14 meses», asegura el director general de TM, Pablo Serna, que denuncia que estas demoras están provocando que se pierdan ventas y que, incluso, se caigan reservas que ya estaban apalabradas. «Tenemos una promoción en Orihuela de 120 viviendas en las que teníamos la mitad con prereserva y se nos han caído ya más de una veintena por el retraso», denuncia el empresario, muy molesto con la situación. «Es un desastre. Ni podemos ejecutar las inversiones, se pierde empleo y la Marca España queda por los suelos, porque muchos de nuestros clientes son extranjeros y no se llevan una buena imagen con situaciones como ésta», insiste el promotor.
No es el único. La queja es compartida por todo el sector. «En más casos de los que nos gustaría, desde que se presenta la documentación por registro hasta que llega a la mesa del técnico municipal que tiene que informar, pasan más de 6 meses. Además, cuando el técnico lo revisa suele requerir más información que, cuando se presenta de nuevo por registro, tiene que volver a pasar a la cola de expedientes del técnico, demorando este plazo de nuevo», explica el director territorial de Aedas Homes en Levante y Baleares, Juan López, que señala que el plazo medio final para lograr todos los permisos y empezar las obras oscila entre los 10 y los 14 meses.
Unos retrasos «inexplicables» en pleno siglo XXI para el ejecutivo, que avisa: «Esto acaba repercutiendo en un encarecimiento del precio de la vivienda, ya que los costes financieros de esta demora son importantes para la promotora y llegan al comprador».
Aunque se trata de una situación bastante extendida, no todos los consistorios acumulan las mismas demoras. Todas las fuentes del sector consultadas apuntan a Orihuela y Dénia como los municipios con más retrasos, con plazos que superan el año en ambos casos aunque también hay que señalar que el resultado final varía en función de la complejidad del proyecto. Tras ellos se sitúa Alicante, donde se tarda de 8 a 10 meses, según los empresarios, aunque el consistorio lo niega.
En una posición intermedia está Torrevieja, otro de los grandes motores del sector, donde las gestiones llevan unos seis meses. En el lado opuesto, el Ayuntamiento de Finestrat es el que más se acerca a cumplir con el plazo legal de dos meses que marca la normativa, mientras que Benidorm y Elche también están en cifras que los promotores consideran más razonables, entre tres y cuatro meses.
Entidades de certificación
«No tiene ninguna lógica. Es un sinsentido absoluto que se tarde más en obtener las licencias que en ejecutar las obras», apunta el secretario general de la Asociación Provincial de Promotores (Provia), Jesualdo Ros, donde llevan desde que se inició el repunte de la construcción en la zona denunciando esta situación. Los empresarios tenían la esperanza de que los cambios introducidos en la última reforma de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), que entraron en vigor el pasado febrero, pudieran agilizar los trámites, pero se han topado de nuevo con la reticencia de los funcionarios municipales, reacios a ceder parcelas de poder.
En concreto, estas modificaciones han introducido la figura de los Organismos de Certificación Administrativa (OCA), que pueden ser tanto empresas privadas, como colegios profesionales y que, sobre el papel, se encargarían de verificar que los proyectos cumplen con toda la normativa exigida. La intención es que sus informes pudieran servir para agilizar la obtención de las licencias, del mismo modo que ocurre, por ejemplo, con las licencias de apertura de establecimientos comerciales con las denominadas declaraciones responsables.
El problema es que los primeros ayuntamientos con los que se ha hablado para saber cómo aceptarían esta posibilidad no acaban de verlo claro. Más concretamente, son los técnicos los que han puesto pegas, según señala el secretario general de Provia. «La legislación ya prevé sanciones muy duras y responsabilidades muy severas para las OCA si cometen algún error. No se entienden tantos reparos», insiste Ros.
Ante esta situación, los ayuntamiento señalados se escudan en la falta de personal y en que los planes de contención del gasto impuestos desde el Gobierno central les impiden ampliar plantilla. «El número de solicitudes de licencia se ha disparado y no tenemos la capacidad de respuesta de la empresa privada, no podemos contratar sin más para atender todas las peticiones», asegura el edil de Urbanismo de Orihuela, Rafael Almagro, que reconoce las demoras de más de un año que se producen en el municipio.
La capital de la Vega Baja fue uno de los primeros enclaves donde la construcción empezó a repuntar y sigue siendo, a día de hoy, uno de los principales motores del sector. Sólo el año pasado se iniciaron casi 800 nuevas viviendas y en los tres primeros meses de este año ya van otras 250. Al respecto, Almagro señala que la situación se ha visto agravada por la jubilación en este tiempo de tres de los cinco arquitectos municipales. Confían en que la situación empiece a mejorar y asegura que, a pesar de las reticencias de los técnicos, se está trabajando para poder incorporar las certificaciones de las OCA.
También la concejal de Territorio de Dénia, Maria Josep Ripoll, admite que los trámites para obtener licencia de obra mayor en la localidad de la Marina Alta pueden llegar hasta «los nueve, diez y doce meses» y apunta, igualmente, a las restricciones del gasto como la principal causa: «No tenemos personal y no nos dejan ampliar plantilla», asegura. No obstante, el caso de Dénia es especial porque, a los retrasos propios de la tramitación, se suma la situación particular que ha vivido la localidad y que ha llevado a que el municipio permaneciera sin normativa urbanística durante más de un año y medio, después de que la Justicia tumbara en verano de 2017 las normas provisionales que había dictado la Generalitat para adaptar a las nuevas exigencias el obsoleto Plan General, del año 1972. No ha sido hasta este año cuando se han aprobado las nuevas, lo que ha tenido paralizada la actividad.
Aun así, Ripoll también señala que muchos proyectos se demoran más por las «deficiencias» con las que se presentan. Un argumento que también suscribe la responsable del área en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España. «En Alicante no hay demora. Las licencias se dan en dos o tres meses y, si hay más retraso, es por las subsanaciones que se producen porque no se han presentado bien los expedientes», asegura la edil, que pone como prueba de esta agilidad que el consistorio ha ingresado en los últimos doce meses más de ocho millones de euros por licencias urbanísticas. Una aseveración que no comparten los empresarios consultados.
