El Tribunal Supremo se reúne este jueves para analizar los recursos que se presentaron contra la sentencia que condenó a los principales directivos de la CAM por falsear las cuentas de la entidad del año 2010 y el primer semestre de 2011. Unos hechos por los que fueron condenados en octubre de 2017 a tres años de cárcel los exdirectores generales de la caja Roberto López Abad y María Dolores Amorós; a dos años y nueve meses el exdirector de Inversiones y Riesgos Francisco Martínez; y a cuatro años el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb.
Los cuatro condenados presentaron sendos recursos de casación para solicitar su absolución, y también recurrieron el Fondo de Garantía de Depósitos -que sufragó el rescate de la caja- y la acusación popular y particular representada por el letrado murciano Diego de Ramón en nombre de 800 perjudicados por las cuotas.
En estos últimos dos casos, lo que se solicita es que se compense al Fondo y a los cuotapartícipes ya que la Audiencia Nacional no fijó ningún tipo de indemnización al no considerar probada la existencia de damnificados, por lo que exime de cualquier responsabilidad civil a los condenados.
La Audiencia Nacional consideró probado que los cuatro directivos orquestaron un plan para «distorsionar las cuentas y balances de la entidad contribuyendo así a la vulneración del principio de imagen fiel de la CAM» y a «esconder o maquillar» la penosa situación en que se encontraba. De esta forma, en 2010 se comunicaron unos resultados que superaban en 75 millones a los reales y el primer semestre de 2011 se informó de unos beneficios de 58,8 millones cuando, tras la intervención, los administradores nombrados por el FROB afloraron unas pérdidas de 1.163 millones.
La Audiencia, sin embargo, no vio ilegalidad en las retribuciones que recibieron los ejecutivos de la caja. El tribunal presidido por Ángela Murillo exoneró de cualquier responsabilidad los exdirectivos Vicente Soriano, Salvador Ochoa y Juan Luis Sabater y también al último presidente de la CAM, Modesto Crespo, que sí fue condenado por las dietas que cobró de una filial de la caja en un juicio posterior, en el que llegó a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable y reducir su pena.
