08 de mayo de 2019
08.05.2019
Tribunales

La Audiencia Nacional accede a extraditar a Colombia al exdelegado de Hyundai Carlos Mattos

Le acusan de sobornar a funcionarios judiciales e ingenieros para que un juez fallara a su favor

08.05.2019 | 11:30

La Audiencia Nacional ha accedido a la entrega en extradición a Colombia del empresario hispanocolombiano Carlos Mattos, al que la Fiscalía de ese país acusa de cuatro delitos por un caso de corrupción relacionado con un pleito que mantuvo con la compañía coreana Hyundai de la que fue representante.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la sección tercera de lo Penal ha dado el visto bueno a la entrega de Mattos -si bien la última palabra corresponde al Gobierno español- tras descartar una motivación política en la reclamación de Colombia como alegó el empresario en la vista de extradición.

La Fiscalía colombiana le acusa de sobornar a funcionarios judiciales e ingenieros, que supuestamente ayudaron a acelerar el curso de una demanda en la que estaba implicado y lograr así que esta llegara al despacho de un juez que fallaría a su favor.

Los hechos se remontan a 2015 cuando la compañía Hyundai Motor Company decidió quitar a la empresa de Mattos, Hyunday Colombia, la representación de la marca en el país.

En su resolución, contra la que cabe recurso de súplica ante el Pleno de la Sala de lo Penal, el tribunal descarta la persecución política del reclamado, que en la vista de extradición denunció que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, fue su abogado en esta caso y sostuvo que le persigue "de una manera despiadada".

Sin embargo, para la Sala "la sola relación" del reclamado con el Fiscal General de la Nación de Colombia, no permite atribuir carácter político a la persecución penal y agrega que las causas de abstención de las autoridades judiciales o fiscales colombianas "deberán ser resueltas por los mecanismos procesales establecidos al efecto, pero no deben impedir el enjuiciamiento en Colombia".

Tampoco su nacionalidad española, que obtuvo en 1999, impide la entrega y sobre la posibilidad de que se le pudiera juzgar en España, como planteó denunciando que en Colombia "no hay justicia", los magistrados consideran que en este caso "concurren varias circunstancias que aconsejan el enjuiciamiento de los hechos en el lugar en el que se produjeron los presuntos actos delictivos".

Fundamentalmente que las pruebas materiales se encuentran en Colombia y que la prueba "testifical y la pericial sobre las manipulaciones informáticas supuestamente realizadas, depende de la comparecencia de numerosas personas residentes en Colombia".

La Sala recuerda además que ya han sido juzgadas en ese país "varias de las personas que intervinieron en los hechos y, por la documentación remitida, parece que pende el enjuiciamiento de alguno más, además del reclamado (...) lo que puede provocar riesgo de resoluciones contradictorias si se enjuician por separado".

Lo que sí le permitirá la nacionalidad española, añade el auto, es solicitar el cumplimiento en España de la pena que finalmente se le pudiera imponer.

Para acceder a la entregan, los magistrados argumentan que concurren los requisitos de doble incriminación -analogía de los delitos en ambos países- y mínimo punitivo, exigibles para acceder a la entrega.

Los delitos por los que está reclamado equivaldrían en España a los de cohecho y daños informáticos.

La causa contra Mattos, que se encuentra en libertad provisional, se inició a raíz de que el empresario demandara en Colombia a Hyundai con el objeto de que se le reparara por los daños ocasionados por haberle retirado la representación de la marca.

Dos meses después de presentar la demanda, elaborada por un exmagistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema, el juez Reinaldo Huertas falló a favor de Mattos, con lo cual se impidió a la multinacional la comercialización de sus vehículos con una compañía diferente a la del ahora reclamado.

Por este caso las autoridades colombianas iniciaron una investigación al empresario y lo declararon huido después de que no se presentara en el consulado de Colombia en Madrid a la audiencia virtual en su contra.

Un juez colombiano le imputó en relación a estos hechos "delitos de cohecho por dar y ofrecer en grado de autoría, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático".

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