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Más de 46.000 hogares de la provincia tienen a todos sus miembros en paro

La cifra de familias donde nadie encuentra empleo se ha reducido más de un 26% durante el último año pero sigue lejos de la que había antes de la crisis. Los sindicatos reconocen cierta mejora pero advierten de que ahora el problema son los bajos salarios

Una mujer accede a las oficinas del Servef en Alicante. José Navarro José Navarro

Los cinco años de recuperación que ya acumula la economía española han permitido que algunas de las consecuencias más duras de la crisis empiecen a remitir, aunque todavía queda mucho para regresar a la situación que existía antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Uno los indicadores que mayor preocupación ha generado durante estos años ha sido, sin duda, el de aquellas familias que tenían a todos sus miembros en paro, una realidad que llegó a afectar a uno de cada diez hogares de la provincia, con un impacto claro en los niveles de pobreza de la zona, y que, por fortuna, cada vez resulta menos habitual.

Así, sólo durante el último año, el número de familias en las que nadie logra encontrar trabajo se ha reducido más de un 26% y casi un 50% desde que este fenómeno alcanzó su máxima expansión, allá por el primer trimestre de 2012. Una notable mejora que ha llevado este indicador a su nivel más bajo de la última década, pero que no oculta que siguen siendo 46.100 hogares los que se encuentras en esta situación en Alicante, una cifra aún muy elevada, sobre todo si se compara con los 21.900 que había en el primer trimestre de 2008, antes de la recesión.

Del mismo modo, el número de familias en las que no entra ningún ingreso -ni siquiera el subsidio de paro-, y que supone un paso más en el proceso de empobrecimiento que ha provocado la crisis, ha seguido una evolución similar a las anteriores, con una reducción del 21% en el último ejercicio, según los datos de la última Encuesta de Población Activa. Aún así suman 36.300, igualmente bastantes más que las 29.400 que sufrían este problema antes de la crisis.

Los sindicatos reconocen la mejora que se ha registrado desde el inicio de la recuperación, gracias a la importante creación de empleo que se ha producido y que ha facilitado, por ejemplo, que muchas parejas jóvenes que tuvieron que regresar a casa de sus padres en los años más duros de la crisis porque no podían mantenerse empiecen a independizarse de nuevo, como apunta el secretario de Comunicación de CC OO en l'Alacantí i les Marines, José María Ruiz Olmos. A su juicio, eso explica, al menos en parte, que el número total de hogares de la provincia haya aumentado en casi 4.000 en el último año, al pasar de 738.300 a 742.100. No obstante, Ruiz Olmos señala que las cifras de paro y de las familias que se ven afectadas por esta lacra siguen siendo inaceptables y muestran «la urgencia de la puesta en marcha de políticas efectivas de empleo y pensiones. El daño producido por las políticas de recortes no ha cesado», se lamenta.

Los efectos de la reforma

En la misma línea que el anterior, la secretaria comarcal de UGT en l'Alacantí y la Marina, Yaissel Sánchez, también admite que las situaciones más dramáticas que se vivieron durante la crisis empiezan a suavizarse. Sin embargo, insiste en que ahora el problema «es que tener trabajo no garantiza salir de la pobreza, con la devaluación de los salarios y la precarización que han supuesto las reformas laborales de 2010 y, sobre todo, la de 2012». De ahí que los sindicatos hayan convertido la derogación de esta normativa en su principal caballo de batalla, que ya centró los mensajes del pasado Primero de Mayo y que piensan convertir en su mayor reivindicación ante el nuevo Ejecutivo que, previsiblemente, encabezará Pedro Sánchez. «Hay una rotación tremenda de trabajadores que se la pasan entrando y saliendo de diferentes empleos y, por si fuera poco, muchas empresas trampean con los complementos o con la externalización de servicios para no pagar lo que está estipulado en los convenios», se lamenta la dirigente ugetista.

Además de todo lo anterior, UGT y CC OO insisten en que, para rebajar definitivamente las cifras de hogares con todos sus miembros en paro, resulta fundamental atacar el paro de larga duración, que es lo que alimenta este fenómeno. En este sentido, Yaissel Sánchez destaca los esfuerzos realizados en los últimos años desde la Generalitat, pero insiste en la necesidad de reforzar aún más las políticas activas de empleo. Es decir, aquellas que permiten reciclar a los desempleados y aumentar su empleabilidad para evitar que queden definitivamente excluidos del mercado laboral.

Cerca de 13.000 pensionistas mantienen a algún desempleado

El enorme aumento del paro que se registró durante la crisis económica convirtió a los pensionistas en un pilar fundamental para el mantenimiento de muchos hogares en la provincia y aún lo sigue siendo, como recuerda el responsable de Comunicación de CC OO en l'Alacantí i les Marines, José María Ruiz Olmos. En concreto, según los datos facilitados por el sindicalista, hasta 12.500 jubilados de Alicante mantienen en su casa a algún familiar en situación de desempleo. Un fenómeno que, de nuevo, se ha reducido en los últimos años -llegaron a ser casi 20.000-, pero que sigue por encima de las cifras que se registraban antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando eran 8.400 los pensionistas de la provincia que tenían a su cargo a algún parado.

En la misma línea, Ruiz Olmos llama la atención sobre el propio aumento del número de hogares en las que la persona de referencia es un pensionista, que han pasado de 190.500 en el año 2008 a 214.400 en la actualidad. Es decir, casi 24.000 más. Una evolución que, además del propio envejecimiento de la población, el sindicalista vincula con el importante número de prejubilaciones que provocó el aluvión de ERE que se registró durante la crisis. También con el gran número de trabajadores de edad avanzada que se vio expulsado del mercado laboral y que optaron por el retiro para garantizarse algún tipo de ingreso, aunque fuera a costa de reducir la cuantía de su prestación. Ante estos datos, desde CC OO recalcan la necesidad de garantizar e, incluso, incrementar el poder adquisitivo de las pensiones como mecanismo para combatir la formación de bolsas de pobreza.

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