Banco Santander registró un beneficio neto atribuido de 1.840 millones de euros en el primer trimestre de este año, lo que supone un descenso del 10% (-8% en euros constantes) con respecto al mismo periodo del año anterior al haberse contabilizado un cargo neto de 108 millones de euros por la venta de activos y reestructuraciones. En concreto, este cargo incluye 150 millones de plusvalías por la venta de la participación del 51% de Prisma en Argentina y 180 millones de pérdidas derivadas de la venta de una cartera de inmuebles residenciales en España, más un cargo de 78 millones por los costes de reestructuración en Reino Unido y Polonia.

«El beneficio atribuido se vio afectado por cargos de reestructuración y ventas de activos. Sin embargo, hemos seguido generando mucho capital orgánicamente a la vez que aumentamos el valor para los accionistas, con un crecimiento del valor tangible neto por acción del 3% en el trimestre», resaltó la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

Mientras, el consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, en la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados del primer trimestre de este año, pidió a los partidos políticos que lleguen a acuerdos que permitan un crecimiento sostenible e inclusivo del país y que apoyen la sostenibilidad fiscal. En este sentido, aunque recalcó que su función es la de gestionar un banco, Álvarez indicó que lo deseable sería que el Gobierno que se vaya a formar llegue a acuerdos «razonables» que hagan «atractivo» invertir en España, generando confianza entre los inversores y los empresarios. El número dos del Santander también remarcó que la entidad colabora «de forma constructiva» con todos los países en los que opera.

Por otro lado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado la razón al Banco Santander y ha retirado su condición de investigado en la causa que investiga las actividades del Banco Popular, en una resolución que corrige al juez instructor José Luis Calama Teixeira, quien decidió imputar a la entidad financiera que preside Ana Botín al considerar que, habiendo comprado el Popular, debía responder por la responsabilidad penal en que éste hubiera incurrido. «No se pueden trasladar sin más a aquella los posibles defectos de organización de la entidad absorbida ni la existencia de una cultura de incumplimiento de la norma susceptibles de reproche penal porque, de ser así, sí se estaría produciendo una vulneración del principio de personalidad de las penas y del de culpabilidad, ya que se haría responder a aquel por hechos ajenos en los que ninguna intervención dolosa ni culposa hubiera tenido», sostiene el tribunal.