Aunque desde 2017 la economía alicantina ha recuperado el nivel de PIB previo a la crisis económica, pocos son los hogares que realmente pueden asegurar que su situación es la misma que entonces. Una de las consecuencias más evidentes de la recesión ha sido el divorcio que se ha producido entre la evolución de los precios y los ingresos de los hogares, lo que se ha traducido en una merma del poder adquisitivo real de las familias. Una situación que se ve agravada, además, por el hecho de que son los suministros básicos y los servicios públicos lo que más se ha encarecido en este tiempo, dejando aún menos dinero en los bolsillos de los ciudadanos para otro tipo de gastos.
Basta comparar algunos datos para darse cuenta de lo ocurrido. Aunque la evolución no ha sido homogénea a lo largo de todo el periodo -ya que en los primeros años de la recesión los sueldos siguieron subiendo, empezaron a bajar a partir de 2011 y ahora vuelven a recuperarse-, el resultado final es que el salario medio declarado en la provincia era en 2017 un 5,7% superior al de diez años antes, según la Agencia Tributaria. Sin embargo, en el mismo tiempo la inflación acumulada sumó el 13,5%, y, si se tiene en cuenta su posterior evolución hasta marzo de este mismo año, ya alcanza el 16,3%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En resumen, que los precios han subido alrededor del triple que los salarios.
Sin embargo, este incremento ha sido muy distinto en función de los bienes y servicios que se analicen. Así, con independencia del tabaco -el producto más inflacionista de este periodo, con una subida del 86,8%, en gran parte ocasionada por los aumentos impositivos para desincentivar su consumo- son los servicios públicos o los suministros básicos los que más se han encarecido. Por ejemplo, el coste de los servicios postales se ha incrementado más de un 60% desde el año 2007; la enseñanza superior, es decir las tasas universitarias, suman un 58,3% más; la electricidad y el gas acumulan un alza 41,8%; los transportes, otro 41,3%; los seguros, un 37,9%; los carburantes, un 32,5%; o el suministro de agua, con los gastos de saneamiento que incluye el recibo, casi un 30%, según el INE.
Adiós a la clase media
Con estas cifras, la subida del precio de los alimentos, de algo más de un 17%, parece incluso moderada. Y el problema, como apuntan los expertos consultados, es que el peso de estas partidas básicas es mayor en los presupuestos de las familias de clase más modesta que en aquellas que viven una situación más desahogada. O, dicho de otra forma, que la subida del recibo de la luz se nota más en el bolsillo del que gana 800 euros, que en aquel que ingresa 5.000.
«Es una realidad que el poder adquisitivo de las familias ha mermado en este tiempo y que se ha registrado un aumento de los niveles de pobreza en detrimento de las clases medias», señala la catedrática y miembro del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, Paloma Taltavull, que recuerda que esta tendencia ha sido aún más acusada en el caso de la Comunidad Valenciana. Al respecto, Taltavull relaciona estas fuertes subidas de la energía o el transporte con la evolución del petróleo durante estos años pero también, en el caso de la luz, con el sistema de tarificación que se utiliza en España y que supone que más de la mitad del recibo son costes fijos con los que, entre otras cosas, «se pagan las inversiones que se realizaron durante la década anterior».
Sea como fuere, en los últimos años hemos asistido al nacimiento de un nuevo tipo de pobreza -el de la pobreza energética- para referirse a aquellos hogares con dificultades para abonar la factura de la electricidad u otros suministros del hogar. Un problema que, en mayor o menor medida, han llegado a sufrir hasta 180.000 hogares en la provincia, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.
Más allá de este caso concreto, el catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, José María Gómez Gras, observa una relación entre la evolución de los precios de cada sector y el nivel de competencia que tienen. «En aquellos productos donde hay una competencia real, el coste tiende a ajustarse al mercado, al bolsillo del consumidor. Si la competencia es menor o se trata de un sector más regulado, se produce una mayor divergencia», explica el experto.
Así se explica que el calzado o los automóviles presenten incrementos de precio por debajo de la media del IPC -del 8,26% y el 7,24%, respectivamente- o que la ropa sea incluso algo más barata que en 2007. En concreto, ahora cuesta un 0,37% menos que hace 12 años.
Tecnología más barata
Afortunadamente, no todo son malas noticias y estos años de crisis también ha habido productos que han bajado de precio, casi todos ellos relacionados con la tecnología, donde los avances permiten abaratar los costes de fabricación. El caso más paradigmático son los teléfonos, que se han rebajado alrededor de un 85% de media. Claro está que muchos no tendrán esa sensación porque entonces la mayoría de las terminales las subvencionaban las compañías o se pagaban con la cuota mensual. Por su parte, los propios servicios de telefonía son de media un 5,5% más baratos.
De igual forma, también cuestan menos, en comparación, otros aparatos, como televisores, cámaras o los ordenadores personales, con una caída del 59,7%. En todos los casos se trata de los precios medios ya que, como es obvio, todo depende del modelo que se elija y los más avanzados suelen tener precios prohibitivos para la mayoría de los comunes, a pesar de todo.
Ya fuera del ámbito de la electrónica, otros servicios que han reducido su precio son los hospitalarios, alrededor de un 7%, aunque las consultas médicas -incluido el dentista- sí han subido, un 11,1%, según el INE.
A medio camino entre los bienes que más se han disparado y los que han bajado, se sitúan toda una gama de productos donde, como recuerda la profesora Taltavull, no sólo influye el tirón de la demanda local, sino también la que aportan los turistas que llegan a la provincia para disfrutar de sus vacaciones o bien residen en la Costa Blanca todo el año. Unos consumidores que no se han visto afectados en la misma medida por la crisis económica.
Los más destacados son los hoteles, cámpings y apartamentos cuyos precios son ahora casi un 25% más caros de lo que eran en el año 2017. En la misma línea, los restaurantes, bares y cafeterías cobran ahora casi un 20% más que antes de que llegara la recesión y las bebidas alcohólicas cuestan un 23,8% más. Para aquellos que prefieren moverse con el paquete completo contratado, el coste se ha incrementado un 22,9%.
Por último, en otro ámbito completamente distinto, entre los productos más inflacionistas de estos años también se cuentan las tasas administrativas o los servicios de abogados y asesorías, por los que se paga alrededor de un 46% más. La prensa y los libros también son más caros, alrededor de un 23,5%, al igual que ocurre con los servicios financieros. De media, las comisiones que se llevan los bancos son un 21,28% superiores a las de hace doce años.
Colectivos vulnerables
Como es lógico, la pérdida de capacidad adquisitiva de gran parte de la población no ha pasado desapercibida para las principales organizaciones de consumidores, que piden a los partidos políticos que tomen medidas para atajar las consecuencias de este encarecimiento, sobre todo, de los servicios básicos. «Nos preocupa mucho la repercusión que tiene en colectivos vulnerables, en los jóvenes con menos recursos o en muchos hogares que dependen de una pensión. Nosotros no somos partidarios de intervenir los precios o de que se nacionalicen servicios, pero sí creemos que deben buscarse compensaciones para que los ciudadanos no se vean sobrepasados», apunta Vicente Inglada, secretario de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana.
En la misma línea, desde Avacu señalan que el incremento que han experimentado los precios «no se ajusta a la realidad de los salarios que perciben los consumidores», lo que lleva a que «miles de familias lo estén pasando mal, no pudiendo llegar a fin de mes». Ante esta situación, la organización espera que en lo que queda de campaña los partidos presenten alguna propuesta «sobre lo que realmente interesa a los usuarios». De momento, parece que no son estos problemas los que centran el debate electoral.
