El actual sistema de financiación, que otorga a las comunidades una importante capacidad normativa sobre el tramo autonómico del IRPF, ha propiciado que los distintos ejecutivos regionales hayan desarrollado un abanico de deducciones con la supuesta finalidad de beneficiar a sus ciudadanos. Sin embargo, a la hora de la verdad, la realidad es que esta maraña de deducciones tiene una repercusión muy escasa en el bolsillo de los contribuyentes, ya sea por su baja cuantía o bien por los excesivos requisitos que exige su aplicación.
Así lo pusieron de manifiesto ayer los responsables del Consejo General de Economistas de España, durante la presentación del dosier con las recomendaciones que han elaborado para la presente Campaña de la Renta. Y es que, en el mejor de los casos analizados -el de Cataluña-, los beneficios fiscales autonómicos no suponen ni siquiera una rebaja del 4% en la factura global que pagan los contribuyentes, frente al impacto de más del 10% que tienen las desgravaciones estatales en la recaudación de este impuesto.
En el caso de la Comunidad Valenciana la situación es especialmente llamativa, porque se trata de la autonomía que más beneficios fiscales contempla en su legislación: hasta 28, frente a los diez que tienen los extremeños o los once de los cántabros o catalanes. Sin embargo, la repercusión es igual de escasa. Así, de acuerdo con los datos facilitados por el Consejo de Economistas, a su vez extraídos de los presupuestos del Consell, el conjunto de estas deducciones solo supondrán una reducción de 31 millones sobre el total de 3.916 millones que la Generalitat espera recibir por la parte que le corresponde del IRPF. Es decir, apenas un 0,79%.
Podría ser peor. En el caso de Murcia, los economistas señalan que las desgravaciones autonómicas apenas representa un 0,48% y en Andalucía, solo un 0,38%. «Políticamente queda muy bien decir que tienes muchas deducciones para beneficiar a los ciudadanos, pero, si en la práctica se le dedica muy poco presupuesto, no logras nada», se lamenta el presidente del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, que recuerda que hay beneficios fiscales, como el que se aplica por nacimiento de un hijo con discapacidad, al que solo pudieron acogerse 19 contribuyentes en 2017 y por un importe medio de 108 euros.
Aunque se trata del caso más extremo, el ejemplo que pone Menargues resulta ilustrativo de los dos principales problemas que, a su juicio, ofrecen las deducciones autonómicas. Por un lado, los excesivos requisitos que suelen exigirse y que provocan que muy pocos contribuyentes puedan acogerse a los mismos. En ocasiones, porque los niveles de renta máxima son muy bajos y, otras veces, porque resultan realmente difíciles de cumplir, como ocurre, según el presidente de los Economistas, con las deducciones por el alquiler, a pesar de que la Generalitat ha suprimido este año la exigencia de que, para que el inquilino se beneficie de la desgravación, el propietario deba haber depositado la fianza en el registro autonómico, algo que casi nadie hace en la práctica.
El segundo problema es la escasa cuantía del ahorro que logran los contribuyentes. Por ejemplo, hasta 57.000 residentes de la autonomía se aplicaron la deducción por nacimiento o adopción de hijos, pero apenas les supuso una media de 140 euros menos en la declaración.
Una decisión política
Ante esta situación, Francisco Menargues asegura que la Generalitat tiene «mucho recorrido» para mejorar estas desgravaciones y conseguir que beneficien a un mayor número de personas, pero señala que se trata de una «decisión política». Eso sí, reconoce que la infrafinanciación que sufre la autonomía complica la situación, como apuntan desde el propio Consell cada vez que se les recuerda, por ejemplo, que la escala autonómica del IRPF es la más alta del Estado para las rentas medias y altas.
En términos generales, desde el Consejo General de Economistas de España cuestionan la multiplicidad de beneficios fiscales que han aprobado las comunidades y creen que se debería poner orden en ellos, una petición que también extienden a los tributos propios de las autonomías. Al respecto llegan a preguntarse si el coste de recaudar muchos de estos impuestos o de aplicar estas desgravaciones compensa el beneficio que generan.
