El decreto de la Conselleria de Transporte para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC) seguirá su tramitación y se aprobará en la próxima reunión del Consell, en principio, el próximo viernes, tras haber obtenido el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat. El texto obligará a contratar los servicios de Uber y Cabify en la Comunidad Valenciana con una antelación de quince minutos y habilitará a los ayuntamientos a elevar este tiempo, una medida idéntica a la aprobada en Cataluña. València, de hecho, ya ha mostrado su disposición a ampliar a una hora ese plazo.

Las plataformas tecnológicas Uber y Cabify compiten con el taxi en la Comunidad y en España a través de los vehículos con estas licencias VTC. Ya han advertido de que si se fijan estas restricciones, abandonarán la operativa donde están implantados.

Superado este trámite, el Consell pretende ahora aprobar el decreto en el próximo pleno. El siguiente paso, el último, será su convalidación parlamentaria. Pese a que la legislatura está a punto de terminar, se cuenta con que pueda abordarse en la diputación permanente de las Cortes. Esa comisión decidirá si se tramita como un proyecto de ley.

Pese a que organismos jurídicos como el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya o la Comisión de Competencia de la Comunidad Valenciana han puesto pegas a estas regulaciones, la Abogacía da su aval a la norma. Considera que se dan razones de «extraordinaria y urgente necesidad» para la utilización del Decreto Ley para hacer frente a una coyuntura económica problemática, como la regulación de los VTC.

En cuanto a las eventuales responsabilidades patrimoniales, el informe asegura que «no concurren ninguno de los supuestos» que contempla la legislación para su reclamación, con lo que cabe entender que el marco legal establecido no ha de suponer obligaciones indemnizatorias para la Generalitat. La patronal de empresas de VTC ya ha advertido de que interpondrá una demanda por 166 millones por el lucro cesante del negocio.

Además, la Abogacía asegura que las directivas y la jurisprudencia de la Unión Europea permiten regular los servicios de intermediación en el transporte, ya que estos forman parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte. Asimismo, entiende que la norma cumple con el marco europeo y estatal regulador de la libertad de empresa en el sector de los transportes y respeta contenido esencial de los derechos que se regulan.