La Conselleria de Economía quiere terminar la legislatura con una buena noticia para la mayoría de conductores de la Comunidad. El departamento que dirige Rafa Climent ha trasladado ya a las empresas concesionarias del servicio de inspección técnica de vehículos (ITV) el borrador de un acuerdo para actualizar el cuadro tarifario, con la voluntad de aprobarlo antes de las elecciones. Y la propuesta, para la que se abre ahora un periodo de audiencia pública de diez días, incorpora una bajada sustancial para los turismos diésel. En concreto, la tarifa para los titulares de estos vehículos pasaría de los actuales 55,74 euros a 51,16 euros.
La Dirección General de Industria lleva tres años tratando de bajar las tarifas, que entiende elevadas frente a otras autonomías.
El descuento se debe básicamente al reajuste de los precios de la prueba de contaminantes, que en el caso de los diésel pasaría de 15,15 euros a 11,42 euros. Además, la prueba de sonometría, la del ruido, también va a sufrir una rebaja aunque mucho más leve, de los actuales 2,48 euros a 2,42.
La rebaja total de la tarifa, del 8,2% para los diésel, va a provocar una merma de ingresos a las empresas concesionarias, ya que los turismos con este motor representan el 42,47% de las 1,9 millones de primeras inspecciones que se realizan al año, según datos de 2017.
Por contra, el reajuste de las tarifas va a perjudicar a los conductores de turismo gasolina catalizado, que son muchos menos (471.302 inspecciones en 2017), y que sufrirán un incremento del 6,05%. En términos absolutos pasará de 44,39 euros a 47,08 euros, según el borrador. La subida también se fundamenta en la prueba de contaminantes, que en este caso pasa de 5,77 euros a 8,05.
Industria ha llegado a estas tarifas a partir de un algoritmo con los costes para las empresas repercutidos sobre cada inspección efectuada, sin otras implicaciones ligadas a la apuesta o no por un tipo de combustible como el diésel.
El movimiento de la Conselleria no va a cerrar precisamente un conflicto enquistado entre la patronal de las ITV (Aecova) y la Generalitat y que ya está condenado a volver a los tribunales. Las empresas concesionarias han presentado una reclamación patrimonial que ya supera los 80 millones. El motivo no es otro que la anterior bajada de tarifas, decretada en 2014, y que el TSJ de la Comunidad anuló en 2017. A diferencia de aquel decreto, anulado por falta de fundamentación, esta sí que incorpora un estudio técnico y económico para el cuadro tarifario.
Otras tarifas
Sin embargo, las empresas entienden que, en aplicación de aquella sentencia, la administración tendría que haber vuelto ya a las tarifas previas a 2014, cerca de diez euros más caras en algunos casos. Según apuntan, la Conselleria ha ido dilatando la ejecución de aquel fallo, firme desde el 18 de julio de 2018.
Sin embargo, la Conselleria se aferra a un informe de la Abogacía de la Generalitat, que señala que el fallo es firme desde el 19 de febrero. Así, la Conselleria se da un plazo de dos meses para la ejecución voluntaria de la sentencia. Y es lo que está haciendo: unas nuevas tarifas con un estudio técnico que las sustente. Además, la administración tiene prisa para no incurrir en una mayor reclamación patrimonial. Este desacuerdo jurídico sobre la aplicación de la sentencia de 2017 llevará el conflicto nuevamente a los tribunales, según la patronal Aecova.
