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Ferri y Baldó ofrecen siete millones a Hacienda para evitar la cárcel por los negocios de la CAM en el Caribe

Los empresarios negocian con la Agencia Tributaria, que les reclama más de 11 millones, para reducir de seis a dos los delitos fiscales de que se les acusa

Juan Ferri (izda) y José Baldó cuando declararon por estos hechos en 2013. RAFA ARJONES

Un acuerdo con la Agencia Tributaria y con la Fiscalía que les garantice que, al menos por los negocios hoteleros que montaron con la CAM en el Caribe, no van a entrar en prisión. Es lo que están tratando de conseguir los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó, quienes por cinco operaciones inmobiliarias bajo sospecha se enfrentan a una petición de 22 de años de cárcel en un juicio señalado para la primera semana de junio en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a los hoteleros de un delito de administración desleal en concepto de inductores (del que los exdirectivos de la CAM Roberto López Abad y Daniel Gil serían los autores) y de seis delitos fiscales. Por el primer cargo la fiscal reclama cuatro años de prisión y tres por cada uno contra la Hacienda Pública a la que le habrían defraudado 11,6 millones a lo largo de seis ejercicios fiscales, de 2008 a 2013.

Aunque los intentos de los empresarios por llegar a un pacto con la Agencia Tributaria y Anticorrupción se remontan a antes de que el pasado junio la magistrada Carmen Lamela acordara la apertura del juicio, es ahora cuando el acuerdo parece encontrarse más cerca. Tras meses de conversaciones, Hacienda estaría dispuesta a rebajar de seis a dos los delitos fiscales de los que se les acusa, «aquellos en los que la cuota defraudada roza el umbral del delito», precisan fuentes conocedoras de las conversaciones, a cambio de que los empresarios abonen siete de los 11,6 millones supuestamente defraudados.

11

millones de indemnización a Hacienda

28

millones de quebranto económico

37

millones de responsabilidad civil

23

millones en multas

España y Curaçao

La acusación pública sostiene que la actividad empresarial de Vafensal (la sociedad que montaron Ferri y Baldó con la CAM para los negocios del Caribe) se realizaba en realidad desde las oficinas que el grupo tiene en Benidorm y en Mallorca y no, como afirman los acusados, desde Curaçao, territorio calificado de baja tributación. Anticorrupción considera acreditado que «la dirección y control del conjunto de las actividades de la sociedad Jacksonport», propiedad de Valfensal a través de otra sociedad interpuesta con la que sobre el papel se gestionaban los negocios, «se realizaba de forma deliberada desde España por la dirección de Valfensal pudiéndose afirmar su carácter instrumental».

En el acuerdo también se pretende incluir que se deje fuera del procedimiento al director financiero del holding de los empresarios, Francisco Climent, para quien ahora se piden doce años de cárcel como cooperador necesario de los seis delitos fiscales.

De rubricarse este pacto, que además del visto bueno de la Agencia Tributaria tiene que contar con el plácet de la Anticorrupción, los hoteleros se sentarían en el banquillo para responder del delito de administración desleal y dos delitos fiscales, pero con la garantía de que, en caso de condena, no ingresarán en prisión. Un buen escenario para ellos, habida cuenta de que sin acuerdo se enfrentan a una petición de más de dos décadas de prisión, pero que deja en una situación más que delicada a sus otrora socios, los dos exdirectivos de la CAM también acusados de este proceso, dado que el acuerdo, al igual que ocurrió en la conformidad pactada por el expresidente de la CAM Modesto Crespo, implica la admisión de unos hechos en los que tanto la acusación pública como la particular, que ejerce el Fondo de Garantía de Depósitos, sostienen que todos actuaron de común acuerdo.

El Fondo, que reclama 28 millones por el daño causado a la caja y que éste órgano tuvo que aportar para saneara antes de su venta al Sabadell, acusa también a otros dos exdirectivos y a cuatro miembros de la comisión de control.

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