La Generalitat tiene intención, al menos según traslada internamente, de presentar batalla ante la reclamación patrimonial multimillonaria que han presentado las empresas concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Pero lo cierto es que ya tiene listo el dinero para las siete concesionarias de este servicio público privatizado.
Tal como ha avanzado este periódico esta semana, la Conselleria de Economía acaba de recibir el escrito de petición de 64,5 millones de las ITV, tras la sentencia del TSJ que ha anulado la bajada de tarifas que impuso el Consell de Fabra el 1 de abril de 2014.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia llegó en mayo de 2017, pero su aplicación se ha ido dilatando y el conflicto ha estallado en plena precampaña electoral. El tribunal anuló la rebaja de 9,5 euros que impuso unilateralmente el Consell de Alberto Fabra en abril de 2014 para cada revisión. En concreto, se rebajaron las pruebas de contaminantes y la sonometría. El juez anuló los dos recortes por carecer de un informe económico-financiero que los justificara.
Subida de tarifas inminente
El fallo tiene dos consecuencias que han emergido ahora. Por un lado, la Conselleria de Economía ha recibido la orden del TSJ para anular esa bajada de precios y, por tanto, recuperar el marco tarifario previo. Es decir, que los valencianos se enfrentarán de forma inminente a una subida de hasta 9,5 euros en la revisión de los diésel, aunque la Conselleria está también trabajando en una modificación de las tarifas para minimizar el impacto de la subida.
La segunda consecuencia va a impactar también en el bolsillo de los ciudadanos, pero a través de las arcas públicas. La patronal de las ITV ha presentado una reclamación patrimonial por valor de 64,5 millones. Es lo que han dejado de ingresar por la bajada de tarifas entre abril de 2014 y el julio de 2018, fecha en que la sentencia se convirtió en firme. Hoy por hoy, el volumen de la reclamación asciende ya a 80 millones. Y crece en 1,3 cada mes que pasa. La administración tiene seis meses para responder a la reclamación.
Antes de abonar esa cantidad, el Jurídic Consultiu tiene que emitir un informe para autorizarlo. La Generalitat ha sostenido este tiempo que la sentencia únicamente responde a la reclamación de nulidad de uno de los lotes, concretamente, el del área de Alicante, Elche y Benidorm que explota la empresa Applus Iteuve. Sin embargo, la propia Generalitat ya ha aceptado implícitamente que todas las empresas concesionarias deben ser compensadas. Así se desprende del hecho que la Conselleria de Hacienda haya provisionado un importe multimillonario para hacer frente a este agujero.
En concreto, la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2017 contempla una reserva de 46,5 millones para hacer frente a una posible reclamación de las ITV fruto de la sentencia que anulaba la rebaja de tarifas. Fue la Conselleria de Economía la que hizo el cálculo, y en él se asume también el derecho de las otras concesionarias. Esta cantidad solo se refiere la posible reclamación hasta fecha de 31 de diciembre de 2017, montante que ha ido creciendo.
