El número de desahucios practicados por los juzgados de la provincia se redujo por cuarto año consecutivo durante 2018 aunque, eso sí, sólo lo hizo en un 2,9%, según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial. El motivo es que, mientras que los desalojos por el impago de la hipoteca continúan a la baja, los que no dejan de crecer son los desahucios de familias que no pueden abonar el alquiler mensual.

De esta forma, en el conjunto del año se practicaron en la provincia 3.350 lanzamientos -el nombre técnico de los desahucios- frente a los 3.452 del ejercicio anterior. De ellos, 1.395 fueron como consecuencia de no pagar la hipoteca, lo que supone una caída del 16,3% sobre las cifras de 2017. Al respecto, cabe recordar que, además de la caída de la morosidad como consecuencia de la mejora económica, la mayoría de los procedimientos de embargo están paralizados a la espera de que el Tribunal Europeo de Justicia se pronuncia sobre la forma en que deben proceder los juzgados para ejecutar las hipotecas, después de que se declarara ilegal la cláusula de vencimiento anticipado, que es la que permitía exigir el cobro de toda la deuda con sólo un impago.

Por el contrario, los juzgados tramitaron hasta 1.864 desalojos por impago del arrendamiento, lo que representa un 9,3% más. Una tendencia que vienen denunciando asociaciones como Stop Desahucios o las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, que alertan de la gran cantidad de familias que tuvieron que arrendar un piso tras perder la propiedad del suyo pero que no han logrado solucionar su situación económica, lo que deriva en este auge de los desalojos.

Cláusulas suelo

Las estadísticas del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis también recogen la evolución de la actividad en los denominados juzgados de cláusulas suelo, que en realidad se encargan de tramitar todos los asuntos relacionados con cláusulas abusivas en los productos bancarios. A lo largo del año pasado, estos órganos especializados recibieron 6.332 nuevas demandas en la provincia y lograron resolver 2.139, lo que incrementó el número de asuntos pendientes a final de año hasta los 9.170. Eso sí, la situación varió mucho del primer al último trimestre del ejercicio, ya que a medida que avanzaba el año se aceleró la resolución de los expedientes.

Del total de asuntos resuelto, 1.581 fueron por sentencia -en el resto se llegó a un acuerdo o se retiró la demanda-, que en un 95,2% de los casos dio la razón al consumidor.