La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) amenaza con convertirse en uno de los últimos dolores de cabeza en la legislatura del Botànic. Después de la sentencia del TSJ del 30 de mayo de 2017 que anulaba la bajada de tarifas impuesta por el Consell de Alberto Fabra en 2014, los acontecimientos se están desencadenando en vísperas de las elecciones. Como una herencia envenenada del PP. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad envió la semana pasada una resolución a la Conselleria de Economía en la que ordena que cumpla el contenido de la sentencia de hace dos años. Aquel fallo anuló la rebaja de dos pruebas que abarató en diez euros lo que paga cada conductor por la revisión del vehículo.
En concreto, desde el 1 de abril de 2014 la tarifa de contaminantes pasó de 17,90 a 15,15 euros. Además, la sonometría, que costaba 9,29 euros, se veía rebajada a 2,48 euros, un 73,3% menos. Gracias a esto, un diésel paga ahora 55,54 euros por la revisión. El juez estimó la reclamación de una de las empresas concesionarias, concretamente, la titular del lote de Alicante, Benidorm y Elche. El recorte a las tarifas fue unilateral y se realizó sin el necesario estudio económico financiero que lo justificara. La sentencia, que es firme desde el verano pasado, anula aquella rebaja, y ahora el tribunal obliga a que se publique en el Diario Oficial de la Comunidad para conocimiento de todos los ciudadanos. El fallo también implica volver al marco tarifario previo: a unas tarifas 9,5 euros más caras.
Esta vuelta debería ser inminente. La administración dispone de dos meses para ejecutar la sentencia, según estima la Conselleria. La Dirección General de Industria trabaja a contrarreloj en un nuevo cuadro tarifario que, de facto, minimice el impacto que pueda suponer volver al régimen previo a 2014. En realidad, Economía pretende hacer lo que no hizo el Consell del PP: dar audiencia a las empresas concesionarias de ITV y justificar con un informe económico un cambio de tarifas. Hacerlo legalmente.
La sentencia del TSJ hace hincapié en este punto. De hecho, el fallo cuestiona que los informes con los que se justificó la rebaja de 9,5 euros en 2014 no tienen un cálculo específico. Posteriormente, ya en 2015, se hizo un informe para «vestir el santo» (dice el juez literalmente) que no suple la omisión.
La conselleria aspira a que esta nueva propuesta pueda mantener las tarifas en términos similares al precio actual. Esto puede resultar complicado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la sentencia el juez asume el criterio del perito que señala que la prueba del ruido, que se bajó de 9,29 a 2,48 euros, «no puede estar nunca por debajo de los 7,43 euros», atendiendo a la amortización de equipamientos.
La batalla de tarifas que se abre ahora entre administración y empresas es solo uno de los efectos de la sentencia. El otro es la reclamación patrimonial ante la administración de 64,5 millones que hacen las concesionarias por el dinero que han dejado de ingresar hasta julio pasado. La cantidad ya ronda los 80 millones. Las ITV han propuesto como alternativa para evitar el daño a las arcas públicas que la Generalitat les prorrogue la concesión más allá de diciembre de 2022.
