La batalla con las empresas concesionarias del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) le ha estallado al Consell del Botànic en vísperas de las elecciones. Una herencia envenenada del PP que deja en una situación complicada a un gobierno crítico con las privatizaciones. Se trata de un problema forjado en la anterior legislatura que ha aparecido esta. En mayo de 2017, el Tribunal Superior de Justicia declaró ilegal la bajada de tarifas que impuso unilateralmente el Gobierno de Alberto Fabra. El tribunal obliga a reponer los precios vigentes antes de ese recorte, que fue de unos diez euros. En concreto, la empresa Applus Iteuve, adjudicataria del lote 5 (Alicante, Elche y Benidorm), logró la anulación de la bajada, ya que el decreto del año 2014 carecía del estudio económico-financiero necesario.
La Generalitat recurrió ante el Supremo pero éste no admitió el recurso de casación, con lo que desde julio de 2018 la sentencia es firme. Esto habilita a todas las empresas concesionarias a reclamar el dinero que han dejado de cobrar por esa rebaja de tarifas de diez euros desde 2014.
En ese sentido, las siete empresas presentaron la pasada semana por la vía administrativa una reclamación patrimonial ante la Administración por valor de 64,6 millones de euros. Es la cantidad que calculan que dejaron de ingresar solo entre abril de 2014, cuando entró en vigor la medida de Fabra, y el 18 de julio de 2018, cuando la sentencia se convirtió en firme.
Con todo, la cuenta engorda cada día que pasa, a razón de 1,3 millones al mes, según los cálculos de la asociación de entidades concesionarias Aecova. En este sentido, el importe ya se situaría en cerca de 80 millones de euros en estos momentos.
Reclamación en bloque
Todo apunta a que la patronal tiene todos los ases en esta negociación. Aunque la sentencia del TSJ se refería únicamente a uno de los lotes, el tribunal reconoció el pasado noviembre a todos los concesionarios como partes afectadas. La patronal entiende que todos son susceptibles de reclamar.
En este contexto, con la sentencia firme y la reclamación interpuesta, la patronal está jugando sus cartas para tratar de mejorar su situación. Durante un encuentro que mantuvieron ayer en la Conselleria de Economía el conseller Rafa Climent y la patronal, las ITV propusieron formalmente una alternativa, que pasa por prorrogar el periodo de concesión más allá del 31 de diciembre de 2022, cuando caducan los 25 años de privatización del servicio pactados en tiempos de Zaplana. Una especie de indemnización en tiempo.
Es la propuesta para retirar la reclamación, además de otras contrapartidas, como pactar una subida de tarifas, aunque sea menor a las anteriores a la sentencia; o reactivar el IPC como mecanismo de actualización de precios, que lleva congelado una década.
La prórroga de la concesión está en estudio entre la Administración y la patronal desde hace meses. Hasta la sentencia, la Dirección General de Industria planeaba rebajar de nuevo las tarifas. Con el fallo del TSJ, esos planes quedaron abortados. En este momento, la Conselleria se encuentra a la espera de que la Abogacía de la Generalitat emita un informe sobre la legalidad de las diferentes alternativas, aunque parece complicado cambiar antes de tiempo las condiciones de un concurso que ya tiene fecha de finalización. Mientras llega la respuesta jurídica, lo cierto es que la Conselleria de Economía tiene seis meses de plazo para resolver la reclamación patrimonial que acaban de presentar las concesionarias. Además, el Jurídic Consultiu y la Abogacía deben valorar la necesidad o no de satisfacer esos 65 millones, con lo que la respuesta podría dilatarse hasta la próxima legislatura.
Si en seis meses no se ha reparado el importe, las empresas tienen vía libre para acudir al Contencioso. Mientras, la cantidad sigue creciendo.
