Cara y cruz del sistema tributario valenciano. Mientras las rentas bajas y medias pagan menos impuestos que la media, la Comunidad es una de las autonomías más caras para residir si se tienen ingresos elevados, se hereda una cantidad sustancial o se posee un patrimonio considerable. Así lo refleja el informe Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2019 que elabora anualmente el Registro de Economistas Asesores Fiscales, y que pone de relieve las diferencias que existen en esta materia entre las distintas regiones españolas.
De esta forma, tras la última reforma del Consell, que creó una escala propia para el tramo autonómico del IRPF, quienes declaran ingresos de hasta 30.000 euros tienen, por lo general, una cuota algo más baja que la media nacional. El estudio pone el ejemplo de un soltero sin hijos, menor de 65 años y que gane 20.000 euros anuales. En la Comunidad Valenciana deberá pagar 2.329 euros en concepto de Impuesto sobre la Renta, lo que supone 10 euros menos que la media y 181 menos que la autonomía más cara, en este caso, Cataluña.
La situación cambia a medida que sube el nivel de ingresos. Así, los residentes de la autonomía con ingresos de 45.000 euros ya pagan más IRPF que la media, según los ejemplos que recoge el estudio, y la Comunidad se convierte en la que mayor presión fiscal ejerce para las rentas superiores a los 110.000 euros. Así, en el caso de un contribuyente en la misma situación personal que el anterior pero con unas ganancias de 600.000 euros, deberá pagar al fisco 273.672 euros en la Comunidad Valenciana, lo que supone 16.000 euros por encima de la media y hasta 24.287 euros más que un residente de Madrid, la región con los impuestos más bajos.
Pero, además, la autonomía resulta especialmente onerosa en otros dos tributos que afectan principalmente a los más pudientes: el Impuesto de Patrimonio, que sólo pagan quienes acumulan más de 600.000 euros en su cuenta, y el de Sucesiones y Donaciones, donde no tributan los primeros 100.000 euros que se reciben de cada progenitor, lo que lleva a que el 87% de quienes heredan no paguen nada.
El disgusto llega para quienes reciben legados más cuantiosos. Así, un joven de 30 años que quiera cobrar una herencia 800.000 euros, de los que 200.000 correspondan a la vivienda del fallecido, deberá ingresar a Hacienda 63.193 euros en la Comunidad Valenciana, una cifra que sólo superan Castilla y León, donde pagaría 81.018 euros; y Asturias, donde supondría un desembolso de 103.135 euros. Por el contrario, en Cantabria y Andalucía no abonaría nada y en Canarias apenas 134 euros. Así, no es de extrañar que este tributo se haya convertido en el «ogro» particular de los empresarios familiares, que reclaman su supresión insistentemente, a pesar de que la trasmisión de las acciones de la compañía tienen una bonificación del 95%, por lo que sólo pagan estas cifras por su patrimonio particular, como recuerdan desde la Generalitat cada vez que se quejan públicamente sobre este asunto.
Un freno a la atracción de talento
Más allá de este caso concreto, el decano del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, considera que esta elevada presión sobre las rentas altas, sobre todo en el caso del IRPF, «desincentiva» la atracción de talento a la Comunidad. «Está claro que la fiscalidad debe ser progresiva pero hay que tener cuidado porque también puede tener efectos negativos», señala.
En cualquier caso, también hay otros tributos que afectan al conjunto de los contribuyentes y donde la Comunidad se encuentra entre las más caras, como es el caso del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que se paga cuando se adquiere un inmueble de segunda mano. La Generalitat es uno de los ejecutivos autonómicos, junto a Cantabria, Galicia y Cataluña que aplica un 10%, frente al 8% de la mayoría de autonomías.
En cuanto a las novedades normativas de cara a este ejercicio, el informe recoge que la Comunidad es una de las autonomías que ha decidido suprimir las deducciones que existían para familias numerosas y personas discapacitadas en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados -el que se paga con las hipotecas-, una vez que el Gobierno central ha legislado para que sea la banca quien abone este impuesto.
Por otra parte, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, reclamó ayer que se ponga orden en la «jungla» de tributos propios que existe en las distintas autonomías y que se aborde, definitivamente, la reforma del sistema de financiación autonómica. Al respecto, el informe también señala la escasa relevancia de estos tributos propios, que en la Comunidad Valenciana apenas aportan 296,8 millones, el 2,5% de los ingresos fiscales de la Generalitat, mientras que el grueso llega por los impuestos cedidos o compartidos con el Estado.
