España, la cuarta economía del euro, fue el único de los grandes países de la UE que careció de representante en el consejo ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), integrado por diez miembros de otros tantos países. La presencia española se limitaba hasta ahora al Consejo de Supervisores, del que forman parte los 28 estados de la UE.
La ausencia del núcleo decisorio fue vista por el sistema financiero español como una desventaja y se atribuía al insuficiente peso político nacional en la Unión. Ahora España entrará en ese reducto trascendental de decisión y ocupará la presidencia. El Consejo de Supervisores ha propuesto al economista asturiano José Manuel Campa (Oviedo, 1964) como máximo responsable de la European Banking Association (EBA) durante los próximos cinco años como sucesor del italiano Andrea Enria, quien ha pasado a ocupar la presidencia del consejo de supervisión del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución de la francesa Danièle Nouy.
La llegada de Campa a la cúpula de la EBA se produce en una circunstancia inédita en la corta historia de esta institución, creada en 2011 como heredera del anterior Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS), con el cambio de su sede de Londres a París tras la decisión británica de abandonar la UE. La presencia de un español al frente de la institución se produce a la par que la de otro compatriota, Luis de Guindos, en la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) por vez primera desde la fundación de esta institución en 1998. De Guindos desempeña el cargo desde junio, tras seis años de ausencia española del comité ejecutivo y del consejo de gobierno del banco emisor. La doble presencia de nacionales en ambos centros de decisión constituye otro hito y un hecho sin antecedente en la relevancia española en los organismos regulatorios y supervisores del sistema financiero europeo.
Con distintos campos de actuación
La EBA y el BCE tienen competencias y ámbitos diferenciados. La EBA opera para el conjunto de la UE (27 países a partir del 29 de marzo) y el BCE, en la eurozona (19 estados de la Unión Monetaria más aquellos otros que también utilizan el euro sin formar parte de la UE).
En tanto que regulador bancario europeo, la EBA es quien define las exigencias comunes para el conjunto del sistema financiero europeo, los criterios para las autoridades supervisoras y el diseño de los test de estrés al que cada dos años han de someterse los principales bancos de la Unión en aras a garantizar la estabilidad financiera, la transparencia de los mercados y de los productos financieros, y la protección de los depositantes e inversores.
El BCE es, por el contrario, el banco emisor del euro y el rector de la política monetaria, y la institución a la que la Comisión Europea confirió en 2012 la supervisión de 6.000 bancos de la Eurozona (las entidades de menor tamaño siguen confiadas a los bancos centrales nacionales), lo que dio lugar a la creación -dentro del BCE, pero desvinculados de su acción monetaria- del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que desde 2014 vigila el cumplimiento por el sistema financiero de la normativa regulatoria tanto de la EBA como del Banco Internacional de Pagos, de Basilea, y otras normas y requerimientos, y del Mecanismo Único de Resolución (MUR), cuya finalidad es liquidar bancos inviables.
Campa (secretario de Estado de Economía con el Gobierno de Zapatero, entre mayo de 2009 y diciembre de 2011, y hasta ahora director de Relaciones con Reguladores y Supervisores en el Grupo Santander, al que se incorporó en 2014 como director del área de relaciones con inversores y analistas) dirigirá el equipo que definirá los criterios y estándares de los test de esfuerzo y resistencia a los que han de someterse las principales instituciones financieras de la UE.
Uno de los más brillantes
No es una tarea que haya sido ajena a los intereses y preocupaciones profesionales y académicas de Campa. Este economista, considerado por sus profesores de la Universidad de Oviedo como uno de los más brillantes de su generación, había evidenciado una predisposición sobre las políticas regulatorias del sector financiero mucho antes de que, como secretario de Estado y más recientemente como interlocutor del Banco Santander ante las autoridades supervisoras, hubiese asumido responsabilidades en este ámbito.
Tras licenciarse en Ciencias Económicas y Derecho por la Universidad de Oviedo y doctorarse en Economía por la de Harvard, fue profesor e investigador de la Stern School of Business, de Nueva York; profesor asociado de la New York University y profesor invitado en la Columbian University. También colaboró como especialista en finanzas internacionales y analista de macroeconomía en los departamentos de formación de Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, ABN Amro y otras entidades financieras. Su estancia en EE UU fue decisiva en su carrera y en su vida porque allí conoció a su esposa, Wendy Wisbaum, con la que tiene tres hijos.
Una vez que regresó a España, fue profesor de Finanzas en la escuela de negocios IESE, compatibilizó la actividad docente e investigadora con su actividad profesional como experto en peritajes arbitrales y judiciales (intervino en litigios famosos sobre Tabacalera y El Corte Inglés, entre otros), colaboró con instituciones reguladoras y multilaterales y, miembro de una familia con tradición empresarial, participó en varias sociedades.
Durante ese tiempo, mantuvo su vinculación con la regulación financiera por sus colaboraciones con el Banco de España y el Banco Internacional de Pagos, de Basilea, así como con el Fondo Monetario Internacional. Cuando en 2003 recibió en Oviedo el premio de la Fundación Banco Herrero (ahora, Sabadell) a jóvenes economistas, pidió más regulación europea e internacional: «Necesitamos», dijo, «reguladores supranacionales, colaboradores supranacionales y planes de integración de fuerzas laborales más allá de los nacionales».
Su propuesta para presidir la EBA, que lo entroniza como una autoridad financiera continental, confirma la visión que este amante del «footing» y las competiciones de resistencia y larga distancia tiene de su propia trayectoria, a la que en 2003 definió como «una carrera maratoniana».
Test de estrés
La EBA, a la que ahora se incorpora como máximo responsable, quedó parcialmente cuestionada tras las primeras pruebas de estrés de la banca europea en julio de 2010, que no lograron advertir el inmediato derrumbe de los bancos irlandeses, y en julio de 2011, que tampoco previeron desenlaces igualmente funestos como el de Bankia en España.
La disolución del Banco Popular en junio de 2017 (más por un problema de falta súbita de liquidez a causa de la salida masiva de depósitos que por un problema de insolvencia inevitable e irresoluble, según las explicaciones que se difundieron entonces) y los rescates ese mismo mes de los bancos italianos Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza, evidenciaron la insuficiencia de las pruebas practicadas y de su capacidad preventiva, aun a sabiendas de que la tarea regulatoria es ardua y de extrema complejidad y de que, por la singularidad del negocio financiero (basado en el sistema de reservas fraccionarias), se trata de una actividad de riesgo inevitable y supeditada a una crónica y perpetua vulnerabilidad estructural, que puede acrecentarse de forma sobrevenida por el modelo de negocio y el estilo de gestión de cada entidad, por el contagio de otros operadores (pánicos financieros) y por el impacto de un eventual deterioro grave e imprevisto del entorno económico o de la solvencia percibida en el sector público estatal, todos cuyos factores están a su vez interconectados.
Clave en prevención de crisis
La EBA es una pieza capital en la prevención de crisis financieras, pero su eficacia depende de su autoridad, y ésta no sólo requiere el mandato legal del que ya dispone sino también la preservación de su prestigio y credibilidad, en buena medida vinculadas a la ortodoxia y rigor de sus posiciones y también a su capacidad resolutiva y acierto.
La banca europea ha avanzado de forma notable desde la última crisis en la limpieza de sus balances pero aún mantiene dosis elevadas de activos dañados pendientes de sanear o de enajenar y tiene por delante importantes desafíos: unos tipos de interés en el 0%, y que se van a prolongar, lo que extenúa los márgenes bancarios; el inesperado enfriamiento de la economía europea, riesgos latentes como el impacto del Brexit, 590.000 millones de deuda bancaria a refinanciar hasta 2020, sobrecapacidad instalada pese a las fusiones y recortes realizados, la competencia de multinacionales tecnológicas en la prestación de servicios financieros, los elevados costes de la transición hacia la banca virtual, los requerimientos crecientes (la EBA dijo en octubre que el sector europeo precisará 24.500 millones para cumplir en 2027 con la norma internacional Basilea III) y la tarea pendiente de construir una auténtica unión bancaria europea.
