21 de febrero de 2019
21.02.2019

Las Cortes estiman que el coste de Feria València será superior a los 1.027 millones que prevé el Consell

Los portavoces en la comisión parlamentaria de investigación sobre la ampliación de la entidad remitirán a la Fiscalía el dictamen si detectan responsabilidades penales

21.02.2019 | 13:52

El coste de la ampliación de Feria València para las arcas públicas será muy superior a los 1.027 millones cifrados por la Intervención de la Generalitat. Así lo han asegurado este jueves los portavoces de los grupos parlamentarios del PSPV-PSOE, José Muñoz; Compromís, Teresa García; y Podemos, José Almería, en la comisión de investigación de las Cortes sobre esta entidad durante la presentación del dictamen final tras tres años de trabajos y comparecencias. De hecho, eso es lo que ha motivado que, al final, los diputados se hayan quedado prácticamente sin tiempo para analizar la situación de la Institución Ferial Alicantina (IFA), aunque la comisión sigue este jueves en las Cortes.

Sea como sea, y por lo que respecta a Feria València, los parlamentarios no precisaron cantidad alguna cuando se les instó a hacerlo, si bien Almería y Muñoz apuntaron a la emisión de obligaciones por valor de 227,5 millones de euros que concluye en 2027 y que está costando unos 14 millones de euros anuales en intereses. Es decir, unos 130 millones en los nueve años que faltan para el fin de la operación. Dijo Muñoz que, "si no amortizas el principal, sumas más pagos, aunque no sabemos exactamente cuántos". No hay que olvidar que la firma que aseguró la operación exige al Consell 80 millones para autorizar que la Generalitat se haga cargo de toda la deuda.

La deuda que se ha subrogado la Generalitat tiene un riesgo vivo de 476 millones, tras haber pagado 109 del principal y 262 de intereses. Por tanto, son 847 millones. Las obras se presupuestaron en 325 millones y al final costaron 587, con un sobrecoste del 80% que, según Muñoz, en algunos elementos alcanzó el 647%.

El citado informe de la Intervención dio lugar en 2014 a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que, al cabo de dos años, archivó la causa al no detectar delitos. Pese a ello y a que el ministerio público declinó remitir sus diligencias a las Cortes, los diputados se mostraron respetuosos con el trabajo del fiscal y dejaron claro, en boca de Muñoz, que, una vez terminados los trabajos de la comisión, "vamos a valorar si del dictamen se deducen responsabilidades penales. En caso afirmativo, lo remitiremos a la Fiscalía".

Los diputados de las tres formaciones políticas que sustentan el Pacte del Botànic que llevó en 2015 a PSPV y Compromís a la Generalitat y que tienen mayoría en el Parlamento valenciano coincidieron en afirmar, como dijo Almería, que el PP "instrumentalizó Feria València" y la utilizó para sus intereses, en muchas ocasiones claramente vinculados a la corrupción. El socialista Muñoz afirmó que "no creo en las casualidades". En su opinión, "el modus operandi y los personajes que actuaban en la Feria son los mismos que en otros casos investigados por la Justicia" y que fueron protagonizados por el PP. Al respecto, citó a Orange Market, la firma dirigida por Álvaro Pérez, "El Bigotes", clave en la trama Gürtel que afecta al PP y que facturó a la Feria para su plan de marketing y su certamen Hábitat en torno a 1,5 millones.

Teresa García añadió las vinculaciones con Valmor para la Fórmula 1 con la compra de entradas para palcos por importe de 100.000 euros, y "el trato a favor que se le da al PP", fundamentalmente con el alquiler del recinto para que celebrara su congreso de 2008 y que tuvo que reclamarle por vía judicial varios años más tarde. La diputada de Compromís señaló también a los gestores de Feria València en aquellos años, singularmente el presidente, Alberto Catalá, por una política de despilfarro que se tradujo en unos gastos de representación de un millón de euros, incluidos 350.000 en tarjetas, a partir de 2007. Un año después la entidad registró sus primeras pérdidas, que durante la crisis fueron millonarias.

Muñoz incidió en uno de los, a su entender, grandes factores que incidieron en la situación de Feria València: su naturaleza jurídica. Como añadió después Almería, "era privada, pero se utilizó como si fuera pública y nadie hizo nada en aquellos años" por revertir su situación para que entrara en el perímetro de la Generalitat, lo que la habría obligado a seguir las normas de contratación de la Administración y la habría obligado a someterse a las medidas de control públicas.

A modo de conclusión, los diputados aseguraron que hay "claras responsabilidades políticas" y pusieron nombres concretos: el exdirector general de Comercio, Joaquín Berenguer; y el de Industria, José Monzonís; el exconseller de Industria, Fernando Castelló; el de Economía, Gerardo Camps; y los restantes miembros de dos Consells presididos por Francisco Camps y otro por Zaplana, según dijo Almería. En el ámbito de los gestores, los señalados son Catalá; la exdirectora general de la Feria y exconsellera de Industria, Belén Juste; el exdirector general, Carlos de Vargas; y el exsecretario Enrique Calomarde.

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