La recuperación económica no está corrigiendo precisamente el comportamiento defraudatorio en lo relativo a la energía en la Comunitat Valenciana. Cada año que pasa, la comercializadora de referencia Iberdrola abre más expedientes de fraude en la C. Valenciana: aumenta el robo de la luz, coincidiendo también con una escalada del precio de la energía para familias y empresas.
En concreto, Iberdrola Distribución realizó durante 2018 un total de 105.905 inspecciones y se abrieron 24.936 expedientes de fraude. En 2017 se detectaron 22.861 situaciones de fraude tras realizar 110.103 inspecciones. Supone un incremento del 9,07% pese a haber realizado menos revisiones. Son más de 68 casos al día durante el último ejercicio.
La incidencia del fraude sobre el número de inspecciones resulta preocupante. Con todo, hay que destacar que las campañas no son aleatorias. De los datos no puede extraerse que uno de cada cinco clientes valencianos estén engañando. La información de los contadores inteligentes y la gestión digitalizada de la red permite afinar la búsqueda del fraude.
Por provincias, la de València se lleva la palma, con 13.037 expedientes. El incremento en 2018 es de nuevo considerable: un 12,2% más. En Alicante, por su parte, en el año 2018 se abrieron 8.017, una cantidad menor a la de 2017. Es el único territorio en que ha descendido el fraude energético. Y es que en Castelló también se ha producido un incremento, en este caso del 26,9%, hasta los 3.882 expedientes de fraude.
Frente al prejuicio habitual, los datos constatan que estas situaciones solo se presentan de forma puntual en viviendas habitadas por familias en situación de vulnerabilidad. En realidad, más del 99% de la energía defraudada en España se origina en el sector residencial de gran consumo, el sector servicios y el industrial. Es decir, en el tejido productivo y en grandes residencias.
Perfil 'profesionalizado'
Las empresas distribuidoras realizan labores de detección y regularización de situaciones de defraudación de fluido eléctrico. La cuestión preocupa también a las administraciones, que ven en el incremento de las pérdidas, derivadas de enganches ilegales y manipulaciones de contadores, un recorte de los ingresos regulados del sistema eléctrico que puede poner en riesgo el equilibrio económico del sector.
Además de esto, repercuten de forma directa y significativa en el bolsillo de los consumidores que sí pagan su factura y que terminan asumiendo el coste de los demás. Este tipo de fraude está recogido en el Código Penal y, en función de la cantidad de electricidad ilegalmente consumida, puede constituir un delito.
Al margen de esto, las autoridades advierten de que las conexiones ilegales a la red eléctrica y las manipulaciones de los contadores conllevan un elevado riesgo para la seguridad e integridad física de las personas, ya que se realizan al margen de la legalidad y de la normativa técnica vigente, sin los requisitos de seguridad necesarios.
«El perfil de defraudador eléctrico en España se ha profesionalizado, al igual que la metodología y herramientas de las empresas distribuidoras, capaces de detectar el 100% de los casos de fraude. En este contexto, el proceso de digitalización de las redes de distribución y el uso de tecnología de vanguardia permiten la detección de estas situaciones de forma muy precisa y eficiente», apuntan desde el sector.
