Más de un millar de citricultores de toda España, unos trescientos de la provincia de Alicante, se manifestaron ayer, muchos de ellos vestidos con chalecos naranjas, ante la sede de la Comisión Europea en Madrid, y contra los «precios de ruina» que perciben los agricultores por sus cosechas, así como por el impacto que produce a sus exportaciones la entrada a la UE de productos de terceros países. Los participantes en la convocatoria de Asaja repartieron 3.000 kilos de naranjas en el Paseo de la Castellana para poner de relieve su situación.

Los manifestantes denunciaron «las gravísimas consecuencias que la crisis citrícola está teniendo sobre las rentas de miles de agricultores en toda España». Por este motivo, exigieron a la Unión Europea un cambio en la política agraria, especialmente, aquellas que conciernen a los tratados comerciales con terceros países. Los citricultores exigieron la revisión de los actuales acuerdos. Y, asimismo, reclamaron la activación de la cláusula de salvaguarda a los cítricos procedentes de países, como Sudáfrica, Egipto y Turquía principalmente, por el grave perjuicio que estas importaciones están causando a las producciones españolas. El presidente de Asaja a nivel estatal, Pedro Barato, y otros dirigentes territoriales de la organización agraria entregaron en la sede de la oficina de la Comisión Europea en Madrid un documento en el exponen las claves del problema e instan a las autoridades de la UE a modificar sus planteamientos y articular medidas capaces de «aliviar la crisis que sufre el sector».

La delegación provincial estuvo encabezada por el presidente de Asaja-Alicante, Eladio Aniorte, quien apuntó como otras de las reivindicaciones «la necesidad de aplicar cuanto antes el principio de reciprocidad laboral, medioambiental y fitosanitario, con el objetivo de que se estipulen los mismos requisitos tanto para producciones europeas como para producciones de terceros países que se consumen en nuestro continente». Pero, además, los productores de cítricos demandaron a la UE un estudio sobre el impacto de las importaciones de terceros países que sirva como «base y punto de partida para la renegociación de esos pactos, o cuando menos para el establecimiento de futuras cláusulas de salvaguarda». También pidieron la puesta en marcha de un seguro de rentas y de una ley de la cadena alimentaria de carácter comunitario.

Igualmente, los productores consideraron necesario que se consulte al sector sobre el impacto que estos tratados comerciales causan a los productores europeos. Según explicaron, los agricultores de estos terceros países pueden importar con aranceles reducidos (que van menguando año tras año hasta llegar a cero) sus producciones en las fechas en las que arrancan las campañas españolas, produciendo que éstas se solapen, lo que conlleva una sobreproducción de producto y empujan los precios a la baja.