Tras las condenas dictadas por el falseo de las cuentas de la CAM y por el cobro de dietas indebidas por parte del expresidente de la entidad Modesto Crespo, ambas pendientes del Supremo, donde están recurridas, otro de los siete procesos abiertos por la gestión de la caja enfila el que todo apunta que será el camino hacia el banquillo.
La Fiscalía Anticorrupción acaba de remitir un informe al juzgado Central 3 de la Audiencia Nacional, donde se están instruyendo todas estas causas, en el que pide el pase a procedimiento abreviado (lo que vendría a ser el procesamiento) de la causa abierta en febrero de 2015 por el entonces magistrado Javier Gómez Bermúdez para indagar las relaciones entre la CAM y la promotora Hansa Urbana. Unos negocios en los que la acusación pública considera que los exdirectivos de la caja María Dolores Amorós y Daniel Gil, el exdirector general del holding inmobiliario de la entidad, Vicente Sánchez, y el fundador de la promotora, Rafael Galea, cometieron un delito de administración desleal. Los tres primeros en concepto de autores y el último como cooperador necesario. El cargo está castigado en cualquiera de los dos casos con penas de pueden llegar hasta los cuatro años de prisión.
En la denominada pieza «TIP reestructuraciones» la Audiencia Nacional trata de esclarecer los negocios entre la CAM y Hansa Urbana, donde la caja tenía también una participación minoritaria. Unos vínculos que el Banco de España calificó como «privilegiados».
Las sospechas
Las sospechas del supervisor se centraban en varias operaciones societarias que se produjeron a finales de 2010 y que, según los inspectores, tuvieron como objetivo que la caja pudiera engordar artificialmente sus beneficios en unos 40 millones en unos momentos más que delicados, justo la última vez que tenía que presentar las cuentas en solitario antes de la fallida fusión con Cajastur. El objetivo se logró, según constata la acusación pública, a través del intercambio de acciones entre la CAM y los Galea.
La fiscal concreta que la operación realizada en diciembre de 2009 consistió en el venta por parte de TIP (el holding inmobiliario de la CAM) a Hansa de terrenos que tenía en Cabo Cortés, en el estado mexicano de Baja California. Simultánemente se acordó un pacto de recompra y se aceptó una tasación que fijaba el valor del suelo en 443 millones (había sido comprado por 98) «a pesar de que no se habían obtenido las licencias preceptivas y, por lo tanto, no se podía iniciar el proyecto inmobiliario previsto, lo cual impedía valorar como válida la tasación». El permiso nunca que obtuvo estando en la actualidad los citados terrenos sin edificar.
Aún así, «debido a esa valoración se pudo aflorar por parte de la CAM en el ejercicio contable de 2010 un resultado positivo de 40 millones que los auditores, una vez analizadas las cuentas, no admitieron», precisa la fiscal.
En el informe de la acusación pública se precisa que la operación «fue presentada y defendida en el consejo de administración» por Amorós, «encontrándose como invitado Daniel Gil» sin que se expusiera la especial situación de la tasación utilizada». Objeción que también hace en el caso del exdirector general de TIP, que «no explicó y omitió de forma deliberada y consciente que dicha tasación estaba condicionada a la obtención de unas licencias».
Como pago por el «favor» que Hansa había hecho a la CAM al permitir presentar esos beneficios que en realidad no tenía pero que le permitía salvar un momento difícil, la caja aceptó la reestructuración de la deuda de Hansa que presentó la mercantil y que pasaba por el canje de parte de esa deuda precisamente por los terrenos de Cabo Cortés.
El perito del Banco de España que analizó la operación no sólo advirtió de irregularidades sino que concluyó que se «sobrevaloraron» los terrenos . Un sobreprecio «que benefició claramente a Hansa y ocasionó un perjuicio a la CAM de 37.737.178 millones que luego trasladó a Fondo de Garantía de Depósitos, siendo la entidad que tras la intervención de la CAM por el Banco de España tuvo que inyectar en la operación de capitalización 5.249 millones», precisa la fiscal en su informe. El Fondo también está pesonado en la causa como acusación particular.
Como responsable civil directa cita Anticorrupción a la asegurado Caser con la que los altos ejecutivos de la caja tenían firmada una póliza de responsabilidad civil.
La Fiscalía libra a varios de los investigados
Anticorrupción considera que no todos los inicialmente citados como investigados deben continuar en el el proceso al no «haber logrado recabar indicios suficientes para formular acusación contra los mismos», por lo que solicita el archivo provisional de las actuaciones para ellos. Entre los exonerados por la fiscal está el exdirector general Roberto López, el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés y varios de sus miembros.
