Aunque llega a final de legislatura es bienvenida. La Ley de Estructuras Agrarias, uno de los planes estrellas del Govern del Botànic aprobado por las Cortes -por unanimidad incluso de todos los grupos políticos- comienza su andadura para abordar cambios de calado en el sector productor de la Comunitat Valenciana y que, entre otros objetivos, pretende fortalecer el campo para frenar crisis citrícolas como la actual.
El nuevo texto, impulsado por la conselleria de Elena Cebrián, introduce incentivos fiscales, que incluyen deducciones para transmisiones y cesiones de fincas rústicas a favor de profesionales de la agricultura, así como a los campos incorporados a los llamados bancos de tierras. Con esta medida se pretende luchar contra el abandono de cultivos por la pérdida de rentabilidad o el envejecimiento de los agricultores (la edad media es de 62 años). El Consell tiene cedida la gestión del impuesto sobre sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, con lo que tiene margen para bonificar este tributo.
Hay que tener en cuenta que la Comunidad Valenciana acumula ya un total de 163.478 hectáreas que han dejado de cultivarse y vuelve a encabezar el ranking español de autonomías con más tierra de cultivo abandonadas, según el último informe del Ministerio de Agricultura. Por lo que respecta a los cultivos que se han visto especialmente castigados por esta regresión de las actividades agrarias, el mayor abandono de tierras se haya producido en aquellos que tienen más implantación. Así, en cítricos se ha pasado de las 149.381 hectáreas cultivadas en 2016 a 147.540 en 2017, lo que implica una caída del 1,23%; mientras que el viñedo ha visto reducida su superficie un 2,14%, al pasar de 67.590 a 66.147 hectáreas.
El objetivo de esta norma es mejorar las estructuras agrarias de la Comunidad Valenciana para «garantizar la viabilidad económica, social y ambiental de las explotaciones y la obtención de rentas agrarias suficientes que aseguren unas óptimas condiciones de vida a sus titulares», según asegura la conselleria de Agricultura.
Banco de tierras
Entre las principales novedades del texto impulsado por la administración autonómica está la creación de la figura del agente dinamizador como persona que impulsará técnicamente la gestión del territorio, la definición del suelo agrícola infrautilizado y la creación de una Red de Tierras, así como de una figura de la Iniciativa de Gestión Común (IGC).
Según Cebrián, el texto es «muy esperada y necesaria», fruto de un trabajo consensuado y con una base técnica y «útil» para lograr explotaciones modernas, rentables económicamente y territorialmente sostenible. En su opinión, el texto abordará los cambios fundamentales del sector productivo agrario para hacer frente a la ya citada crisis citrícola con medidas como la definición del mapa agronómico y el suelo agrícola sin usar. Además, prevé la constitución de la red de tierras que contribuirá a contactar la oferta y la demanda de parcelas agrarias y movilizar suelo. Asimismo, sienta las bases para un cambio estructural de la agricultura valenciana, ante su elevado minifundismo, la dispersión parcelaria, la excesiva relevancia de la agricultura a tiempo parcial, el envejecimiento o la falta de relevo generacional, junto a la escasa movilidad del mercado de tierras.
La Ley de Estructuras Agrarias es una histórica reivindicación de las organizaciones agrarias. Los máximos dirigentes la Unió de Llauradors, Carles Peris, así como de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, acudieron ayer a la sesión de las Corts en la que se ha aprobado este reforma agraria del Consell de Ximo Puig.
