Aunque el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sigue apostando por «el menor Brexit posible», es decir, porque la salida el Reino Unido del club comunitario sea lo menos traumática posible, lo cierto es que el realismo se impone y el Ejecutivo valenciano ha decidido prepararse ante la posibilidad de ruptura sin acuerdo. Así, el jefe del Consell reunió ayer en Alicante a la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la UE para ultimar un plan de contingencia capaz de hacer frente a los múltiples escenarios posibles.
Un conjunto de medidas con el que se pretenden atenuar las consecuencias que el Brexit ya ha empezado a tener en la economía valenciana, sobre todo para los sectores exportadores. Así, Puig recordó que el conjunto de envíos de la Comunidad al Reino Unido ha pasado de crecer un 26% en el semestre anterior al referéndum sobre el Brexit, a disminuir un 8%, con especial incidencia en el automóvil, la agricultura o el calzado, que ha perdido un 11% de sus ventas.
Ante esta situación, la Generalitat se prepara para agilizar los trámites que deberán realizar las empresas para cruzar la nueva aduana, si finalmente se produce el peor de los escenarios y no exista nigún tipo de acuerdo de libre comercio. Así, en el caso de las exportaciones agroalimentarias se pretende que los controles de calidad y fitosanitarios que requieran las autoridades de Londres puedan realizarse en origen y se eviten demoras innecesarias en la frontera, que restarían competitividad a los productos de la autonomía. Lo mismo se quiere con los certificados técnicos que pueda imponer Reino Unido para los productos industriales.
Pero, además, se han preparado programas de acompañamiento por parte del Ivace para aquellas compañías que decidan introducirse o buscar nuevos clientes en este país. Del mismo modo, también se han preparado diversas campañas de promoción turística.
Asistencia sanitaria
Por otra parte, Puig también destacó que la Generalitat garantizará la asistencia universal para los 72.000 residentes británicos con tarjeta sanitaria, además de la que se presta anualmente a otros 100.000 turistas no residentes de este país. Eso sí, confían en que se produzca un acuerdo de reciprocidad como el actual, por el que la Seguridad Social británica paga unos 75 millones anuales a la Generalitat por estos servicios. Igualmente, también recordó que ha logrado que el Gobierno central garantice a estos residentes los derechos de ciudadanía, es decir, que podrán votar y resultar elegidos en las elecciones municipales.
En cuanto a los valencianos que viven en Reino Unido, Labora, el servicio de empleo autonómico, permitirá que puedan inscribirse como demandantes de empleo para facilitar su retorno, si ese es su deseo.
Para canalizar toda esta información y luchar contra las «fake news» que circulan sobre esta cuestión, según dijo Puig, la Generalitat Valenciana también ha puesto en marcha una web específica dentro de su plataforma Europa Direct.
