Julio de 2017. La Institución Ferial Alicantina (IFA) tiene una deuda que supera los 70 millones, está asfixiada por la falta de liquidez y, por si eso fuera poco, llega primero un embargo de Suma, por 375.000 euros del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se adeuda al Ayuntamiento de Elche desde el año 2012, y, apenas unos días después, viene otro notificado por el juzgado después de que el despacho Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros SL pidiera la ejecución de la sentencia que condenaba al recinto a pagar 1,8 millones de euros, más 561.111,16 euros en concepto de intereses y costas. IFA está en ese momento contra las cuerdas, y la Generalitat se ve obligada a cambiar el paso. La intención inicial era resolver primero la situación de Feria València y, después, ver qué hacer con Alicante. Imposible, si se quiere garantizar la supervivencia de la entidad. Es así como el Consell anuncia que, al igual que hará con la institución de la capital del Turia, asumirá la deuda de la feria alicantina, y, además, ambas en el mismo paquete. Ahora ese rescate entra en su recta final. La Conselleria de Hacienda ya ha dado luz verde a los procedimientos y autorizaciones necesarias para la subrogación de la deuda. Mientras, la Conselleria de Economía ha aprobado el decreto de promoción de ferias comerciales como servicio de interés general autonómico. Únicamente falta que IFA entregue formalmente al Consell los bienes inmuebles que tiene en propiedad, como pago del débito. Con ello, quedaría totalmente formalizado el proceso de asunción de la deuda.
De hecho, la Conselleria de Economía ya ha emitido el informe favorable para que se cumpla este trámite, y todo estaría a expensas únicamente de que se dé el visto bueno en un Patronato que, a priori, si no hay cambios de última hora, se celebrará a lo largo del mes de marzo.
Un trámite trascendente
Cierto es que es un mero trámite, pero no poco importante. El hecho de que, hasta ahora, no estuviera completamente cerrada la reestructuración es lo que ha obstaculizado en cierto modo la vía de diálogo abierta con la entidad pública empresarial del suelo (Sepes). En paralelo, de la formalización del rescate depende que se pueda acabar de definir la forma jurídica que tendrá IFA -en estos momentos, es una asociación, aunque está en la práctica en el perímetro del sector público-, y, más importante aún, se podrá definir el modelo de gestión.
Precisamente el modelo de gestión es el punto en el que más discrepan los dos principales socios del Botànic, PSPV y Compromís. Y también fue una de las cuestiones que salió a colación durante la comisión especial de investigación sobre la gestión de las instituciones feriales, que ahora está centrada en IFA. Especialmente incisivo en esta cuestión fue el diputado socialista David Cerdán, quien le preguntó en varias ocasiones al director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca. En ese marco, el responsable del brazo financiero del Consell sostuvo lo que ha venido defendiendo desde el principio: que los bienes sean propiedad de la Generalitat y que sea un «partner» tecnológico, incluso a costa de darle una mayoría accionarial, quien los gestione. Incluso abrió la puerta a que haya un mismo operador para las dos ferias de la Comunidad, algo que no acaba de verse con buenos ojos en determinados círculos de la provincia, ante el temor de que, al final, se pueda acabar diluyendo el papel de IFA.
No obstante, Illueca no fue el único en defender la entrada de un operador privado. El director general de Economía, Francisco Álvarez, que también pasó ayer por la comisión de investigación, consideró que el futuro de la entidad está en ser una propiedad pública con una gestión privada, hasta el extremo de que subrayó de que muchas de las instituciones que han sido 100% públicas han fracasado. Ahora bien, aquí había un matiz importante. Álvarez, aunque independiente, fue designado para su dirección general por Compromís, que es quien está al frente de la Conselleria de Economía, y el propio titular de este departamento, Rafa Climent, siempre ha defendido que la gestión de IFA debe ser pública. Hasta el extremo de que éste será uno de los puntos que tiene previsto incorporar Compromís en su programa electoral. De hecho, con los comicios a la vuelta de mayo, con toda seguridad el modelo de gestión y la forma jurídica son cuestiones que, una vez asumida la deuda, no se resolverán en esta legislatura. Habrá que esperar a la próxima.
Valor neto de 12,9 millones
Durante su intervención, el director del IVF recordó que, de los 191.000 metros cuadrados de los que dispone IFA, 112.900 corresponden a los terrenos que se adquirieron para el macroproyecto de ampliación. Una superficie que, según las cifras que dio, está valorada en 22,9 millones, aunque descontados los costes de urbanización y honorarios, tendría un valor neto final de 12,9 millones.
