El Ejecutivo español se ha embarcado en un gran experimento económico: un aumento del 22% del salario mínimo que ha suscitado un importante debate sobre el impacto que pueda tener en la economía. El Gobierno afirma que el incremento fomentará el gasto y la contratación de personal, dando fuerza al crecimiento del país. Pero la oposición y los empresarios más recelosos afirman que un impulso adicional a la economía no bastará para compensar los miles de empleos que creen que se destruirán debido a que las compañías no podrán hacer frente al aumento de los costes. El incremento de 736 euros a 900 euros por mes entró en vigencia a comienzos de año e impacta directamente en alrededor del 8% de la fuerza de trabajo de España, o 1,2 millones de empleados. Sus efectos ya se han extendido a la economía española.
Madrid se suma a otros gobiernos, entre ellos los de Francia, Grecia, que recientemente elevaron el salario mínimo. El objetivo es recuperar unos sueldos que han permanecido débiles pese a la recuperación. También es una manera de ganarse el apoyo de los votantes y reducir el atractivo de los partidos contrarios al establishment.
El Banco de España calcula que el aumento de salarios podría destruir unos 125.000 puestos de trabajo este año. Pero reconoce que no puede saberlo con seguridad dada la «incertidumbre relacionada con un aumento del salario mínimo de una magnitud sin precedentes en España». AIReF hace un cálculo más modesto de 40.000 puestos de trabajo, mientras que BBVA dice que podrían perderse 160.000.
Esos pronósticos son particularmente inquietantes en España, donde el desempleo es el segundo más alto de la zona euro. Pero Raymond Torres, economista de Funcas, sostiene que evidencias recientes muestran que salarios más altos generan un mayor gasto, lo que da lugar a que haya más contrataciones, compensando la mayor parte de la pérdida de empleos.
