Hace meses que leían con preocupación las noticias sobre el desplome de las acciones de la empresa en Bolsa, pero no se esperaban una medida de tanto calado. Los más de 400 empleados del Grupo Dia en la provincia viven desde ayer en la incertidumbre después de que la dirección de la compañía comunicara a los sindicatos que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de hasta 2.100 trabajadores que ha planteado para el conjunto de España afectará tanto a la plantilla de la treintena de tiendas propias que la cadena posee en la zona, como a los trabajadores de su centro de distribución de Orihuela. Eso sí, sin concretar todavía en qué proporción.
«De momento, ya se ha informado a los comités de empresa de que habrá afectación y se espera que a partir de la próxima semana empiecen a comunicar qué tiendas se cerrarán y en cuáles se recortará plantilla», confirmaba a este diario la secretaria general de la Federación de Servicios de CC OO en Alicante, Patricia Carrillo, que lamentaba «que sean los trabajadores los que vayan a pagar el pato de la mala gestión de la compañía».
El grupo de distribución Dia anunció la presentación de un ERE para un máximo de 2.100 empleados tras comunicar a la CNMV unas pérdidas de 352,6 millones de euros en el ejercicio 2018, en contraste con los 101 millones de euros de beneficio de un año antes. Además, la compañía registra unos fondos propios negativos de 166 millones de euros, lo que supone su entrada en causa de disolución, a menos que logre ampliar capital.
La cuenta de resultados refleja una caída de la facturación neta del 11,3%, hasta los 7.288,8 millones de euros, mientras que su Ebitda ajustado se contrajo un 35%, hasta los 337,9 millones de euros. De la caída de las ventas, la mayor parte se produjo en España -su mercado más importante-, con una reducción de 161 millones de euros respecto a 2017, por encima de los cerca de 35 millones de euros de bajada registrados en Portugal. Además, hubo un impacto negativo por los tipos de cambio en Argentina y Brasil.
En definitiva, los datos reflejan la difícil situación atravesada por la firma durante el año pasado, que se agravó en el último trimestre después de empeorar sus previsiones para el cierre del ejercicio y de encontrar errores en sus cuentas de 2017, lo que derivó en su hundimiento en Bolsa. La actual dirección de la compañía anunció hace unas semanas que había logrado un acuerdo con la banca para refinanciar su deuda, siempre que lograra completar una ampliación de capital de 600 millones. Mientras tanto, uno de sus accionistas, el inversor ruso Mijail Fridman, presentó una OPA para hacerse con el control de la firma.
No incluye ni franquicias ni Clarel
La decisión de reducir plantillas y de cerrar tiendas no afectará ni a los numerosos establecimientos franquiciados que posee la cadena ni a los que operaban bajo la marca Clarel, que la compañía ya ha puesto a la venta. En el caso de Alicante, el grupo opera un total de 99 supermercados pero 29 son franquicias y otras tantas pertenecen a la citada marca Clarel, que no se verán incluidas en el proceso. De esta forma, según CC OO, la plantilla propia del grupo asciende a 310 trabajadores en tienda y alrededor de un centenar en el centro de distribución de la cadena en Orihuela. Lo que se desconoce es en qué proporción se reducirán estos números, lo que dependerá del número de cierres que se produzcan con el ERE.
Curiosamente, hace apenas una semana la cadena inauguraba una tienda en la ciudad con su formato Dia&Go, una de sus apuestas para remontar sus ventas.
El grupo denuncia irregularidades en la Fiscalía
La cadena de supermercados Dia presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía tras detectar irregularidades contables, lo que le ha llevado a revisar sus resultados de años anteriores para recalcularlos. Según informó la propia compañía, esta decisión se produce después de finalizar una «investigación forense» sobre las cuentas correspondientes al ejercicio 2017, pero no ha precisado quiénes fueron los responsables de las citadas irregularidades. También ayer Dia divulgó la memoria del auditor KPMG sobre sus cuentas, donde se advierte de la existencia de «prácticas irregulares» cometidas por empleados y altos directivos del grupo con un impacto negativo en sus cuentas. En concreto, señaló que sobreestimó los descuentos a recibir de proveedores por importe de 52,6 millones de euros.
