En un país en el que exigir responsabilidades políticas vale de muy poco, y en el que nunca nadie dimite por nada, lo previsible es que una comisión de investigación parlamentaria sirva para menos. Como mucho, si las cosas vienen bien dadas, y los diputados se lo han preparado, se airean las vergüenzas de los investigados. Sin muchas más consecuencias. Si encima esa comisión se convoca poco menos que para cubrir el expediente y en el tiempo de descuento, el resultado es el que es, y hasta puede resultar contraproducente. Puede quedar tocada desde el principio. Y eso es más o menos lo que ha pasado con la comisión especial de investigación sobre la gestión de las instituciones feriales en lo que respecta a IFA. Hasta alguien admitía ayer en petit comité que esta comisión no era más que un paripé.
Fue Cs quien, cuando se pidió una comisión para investigar la gestión de Feria València, hizo más fuerza para que se hiciera lo propio con IFA. El problema llegó por la situación de una y de otra institución, que no tienen nada que ver. Solo un detalle: la deuda en el recinto de la capital del Turia supera los 1.000 millones, mientras que en la provincia se sitúa en los 76 millones. Otra cosa es que la gestión probablemente fuera igual de desastrosa en los dos casos. Se creaba, así, una comisión centrada en las dos ferias, pero que, en realidad, desde 2016 ha estado dedicada casi de forma exclusiva a Feria València. El resultado es que, hasta ayer, no arrancaron las comparecencias para abordar el problema de IFA. Justo cuando unos grupos y los otros están más preocupados en primarias y precampañas, y cuando la actividad en las Cortes se cierra en menos de dos meses. Al final, la situación de IFA no es la de Feria València, donde incluso había muchos informes técnicos que analizar. «Aquí, en todo caso, lo que se va a determinar en las conclusiones es que hubo mala gestión, pero eso ya se sabía. La cosa es que ya no había más remedio que seguir adelante», indicaba alguna persona por la tarde, finalizada ya la ronda de comparecencias del día.
Nombres sin demasiado criterio
Eso probablemente ha hecho que las cosas se hicieran así, empezando por las propias comparecencias. Está la actual cúpula -nombrada por el Gobierno del Botànic-; y el que fuera director general hasta 2016, Antonio Galvañ. También Modesto Crespo -que ya tiene experiencia en eso de los paseíllos por comisiones de investigación en las Cortes- y Manuel Román, ambos en calidad de expresidentes del recinto. De hecho, todos ellos citados ayer. Hasta ahí, todo bien.
Las dudas saltan cuando se sigue analizando el resto de personas que deben pasar por las Cortes. De entrada, no se ha convocado a Moisés Jiménez, presidente que sucedió a Modesto Crespo y al que tomó el relevo Manuel Román. Cuestión ésta que, por otro lado, aprovechó de forma muy hábil el expresidente de la CAM y de Coepa para poner en duda la credibilidad de la comisión. Puede que fuera de las cosas más acertadas que dijo en el tiempo que estuvo en el estrado.
Por otro lado, aparecen citados los actuales directores generales de Economía -que tiene un papel más bien testimonial en los órganos de dirección de IFA- y del Instituto Valenciano de Finanzas, que fue quien en su día concedió los avales. Y todo cuando no se llama a sus antecesores, y mucho menos a sus homólogos en Comercio -ni a los anteriores ni al actual-, cuando es esta dirección general la que, en teoría, «tutela» IFA. Solo aparece en el calendario Joaquín Ríos, como exdirector de Industria. Mucho menos se ha llamado al expresidente del Consell, Francisco Camps, al que no pocos diputados apuntaron, ni a consellers del pasado ni del presente.
Repreguntas y reproches
Comenzada la ronda de declaraciones, hubo algún momento en el que aquello se convirtió en una especie de vendetta. Si desde la parte del Botànic apelaban a la responsabilidad de Camps, desde el PP deslizaban que el alcalde de Elche en aquella época era Alejandro Soler, hoy director general de la sociedad estatal de suelo Sepes, y cuestionaban por el papel del socialista en el macroproyecto de ampliación de IFA.
Sea como sea, destacó que ni Galvañ ni Crespo dieron respuesta a algunas de las principales cuestiones que le plantearon los diputados. Especialmente correosa fue la diputada de Compromís, Mireia Mollà. Tanto que Vicente Casanova, parlamentario del PP que ejerció ayer como presidente de la comisión, le llamó la atención en varias ocasiones, coincidiendo con la declaración de Galvañ. La ilicitana planteó una pregunta, pero el exdirector se iba por las ramas y comenzó a repreguntarle cortando su intervención. Tras varios requerimientos, Casanova le espetó a Mollà que «con usted es imposible».
Preferentes e impertinencias
Más tenso fue el momento de la tarde. Era el turno de Modesto Crespo, y Mollà le recriminó que los valencianos, que ella, que su madre, que su abuela, «afectada por las preferentes», tenían que asumir el agujero de IFA. «Le ruego que lo retire. A mí usted no me ofende», vino a contestar el expresidente de IFA, que, además, le pidió que no fuera «impertinente». Mollà siguió: «Yo, mi madre, mi abuela hemos asumido rescates públicos», decía eliminando las referencias a las preferentes, pero con una retranca evidente.
De la jornada de ayer, no obstante, quedó en evidencia que la gestión pudo ser bastante nefasta, pero que el Gobierno valenciano del PP también puso de su parte al no aportar las cantidades que había comprometido. Una gestión manifiestamente mejorable, compromisos incumplidos y la irrupción de la crisis llevaron a IFA a la quiebra. Quedó eso, y algunos reproches por decisiones tomadas en los peores años. Fue ahí donde salió a colación el pago de 250.000 euros a Jordi Vallverdú por asesoramiento, aunque no se ha encontrado ningún contrato por escrito. «Participaba en las reuniones del comité de dirección», argumentó Galvañ. «Le puede parecer mucho dinero, pero no es tanto si es para comprometer 30 millones», añadió. La segunda cuestión que se le afeó es que firmara en 2015 un contrato de más de 400.000 euros para la iluminación de IFA, cuando él sólo estaba facultado para operaciones que no superaran los 120.000 euros.
Entre la seguridad y la soberbia
De forma especial llamó la atención la seguridad con la que Antonio Galvañ y Modesto Crespo seguían defendiendo el macroproyecto, prácticamente con el mismo argumentario que utilizaban en su momento. Hubo hasta quien los acusó de intervenir con cierta soberbia. Sin ir más lejos, Crespo calificó de «sensacional» el macroproyecto de ampliación; defendió a capa y espada a Camps, del que dijo que es «un gran político y una persona honorable», y poco menos que retó a los actuales gestores: «Pongan aquello en valor. Si se hace, puede que nos llevemos una sorpresa, y estemos en positivo». Por su parte, Galvañ siguió aferrándose a que, de haber conseguido los 600.000 euros necesarios para la inscripción del proyecto de reparcelación, comprometidos por otro lado en tiempos de Moragues, se habría garantizado la viabilidad de la feria.
Sin embargo, el encargado de abrir la jornada fue el presidente actual de IFA, José Luis Gisbert. En el comité ejecutivo de la entidad desde el año 2000, Gisbert subrayó que era Galvañ quien tomaba las decisiones, que actuaba a «hechos consumados», y que tenía un poder de convicción «bastante elevado». La directora general, Esther Guilabert, y el vicepresidente, Antonio Martínez, mientras tanto, miraron hacia adelante: una se mostró partidaria de poner en valor los terrenos, acabando la urbanización, pero renunciando a la macroampliación; el otro incidió en que es necesario un cambio de modelo de las ferias y, sobre todo, reforzar los controles.
Las sesiones de la comisión de investigación sobre IFA se retoman en las Cortes la próxima semana. La única incógnita ahora es si pueden dar algo de juego.
