07 de febrero de 2019
07.02.2019

El presidente de IFA afirma que el anterior director tomaba todas las decisiones

Gisbert ha abierto las comparecencias en la comisión de Les Corts que investiga la gestión de las instituciones feriales

07.02.2019 | 17:47
El presidente de la Institución Ferial Alicantina (IFA), Jose Luis Gisbert, comparece en la Comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la gestión de las instituciones feriales

El presidente de la Institución Ferial Alicantina (IFA), José Luis Gisbert, ha indicado este jueves que el ex director general de IFA Antonio Galvañ era quien tomaba las decisiones sobre la institución y las presentaba como "hechos consumados", pues tenía "un poder de convicción bastante elevado".

Gisbert ha abierto las comparecencias referidas a IFA en la comisión de Les Corts que investiga la gestión de las instituciones feriales, donde también han comparecido Galvañ, la nueva directora general, Esther Guilabert, y el vicepresidente de IFA Antonio Martínez.

El presidente de IFA, que accedió al cargo en 2016 tras haber formado parte desde el año 2000 del comité ejecutivo y el comité de dirección de IFA, ha asegurado que este órgano "no contaba nada" y siempre acababa apoyando lo que Galvañ proponía.

Sobre la ampliación de IFA, planteada cuando Francisco Camps era president de la Generalitat, ha afirmado que fue "un proyecto político" que entonces parecía "tremendamente ambicioso", aunque se consideraba que tendría el apoyo económico de la Generalitat, y que a fecha de hoy se puede decir que estuvo "sobredimensionado".

Ha explicado que el comité desconocía que el arquitecto al que se encargó la ampliación había presentado un pleito, por el que finalmente hubo que pagarle 1,8 millones de euros, o los 250.000 euros que se abonaron a Jordi Vallverdú por asesorar sobre el futuro IFA Arena y que Galvañ les presentó como "un gurú".

Entre las "herencias" recibidas, ha indicado que IFA paga 8.000 euros mensuales por la iluminación "escasa" del recinto; que una constructora reclama casi un millón de euros por los intereses del proyecto IFA Arena; y que han atendido desperfectos en el pabellón 1 que ponían en peligro a las personas.

Gisbert ha precisado que en estos momentos está urbanizado casi el 80 % de los terrenos y falta inscribirlo en el registro, aunque IFA no tiene medios para abordar ese gasto, y "lo ideal" sería venderlos y quedarse "lo necesario".

El ex director general de IFA Antonio Galvañ ha indicado que "heredó" la idea de ampliación del recinto, que aprobó el patronato en 2004 para darle "viabilidad" en una reunión en la que Francisco Camps se comprometió a prestar para ello avales de la Generalitat, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Ha afirmado que IFA delegó en el IVF la toma de decisiones económicas sobre la ampliación, estimada en "un máximo de 160 millones de euros", y ha acusado al IVF de "equivocarse" cuando IFA no pudo registrar el proyecto de reparcelación de los terrenos ya aprobado: "La solución estaba en el suelo y no se ha articulado".

Galvañ ha indicado que pagar a Vallverdú "250.000 euros en seis años de trabajo tampoco es tanto dinero", y ha justificado que al final de su mandato firmara un contrato de 480.000 euros anuales para la iluminación de IFA porque había que tomar "decisiones de extrema emergencia" y seguir prestando servicios.

La nueva directora general, Esther Guilabert, ha afirmado que "sería bueno" para IFA que, en lugar de tener unos terrenos anexos parados, se pudiera concluir esa urbanización y desarrollar allí una actividad, más ligada a eventos que al negocio del recinto ferial.

En su opinión, en esta época hay que ser "tremendamente prácticos" y poner "al 100 % el recinto ferial", en lugar de retomar el proyecto de ampliación de 2004 que contemplaba un pabellón Arena para 15.000 espectadores y espectáculos "muy concretos", además de un centro de congresos y un desarrollo terciario.

El vicepresidente de IFA Antonio Martínez, quien fue director general de 1988 a 1996, ha indicado que "no puede ser" que esté sin terminar la urbanización de los terrenos, y ha destacado que no había un "plan B" al proyecto de ampliación, sobre el que existía una "voluntad política" de sacarlo adelante.

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