06 de febrero de 2019
06.02.2019
Según el Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas

Hasta 65 firmas alicantinas deberán informar sobre la brecha salarial o las medidas contra la corrupción

La nueva normativa obliga a controlar también el impacto social de las grandes compañías, además de sus cuentas

06.02.2019 | 13:22

Hasta 65 empresas de la provincia de Alicante y unas 285 en toda la Comunidad Valenciana estarán obligadas a informar, a partir de este año, de su impacto social y de cuestiones como la brecha de género de su plantilla, el respeto a los derechos humanos o las medidas que toman para evitar la corrupción. Así lo ha señalado este miércoles el presidente del Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana, Rafael Nava, quien ha recordado que esta nueva obligación viene impuesta por la Ley de Información No Financiera, que aprobó el Congreso de los Diputados el pasado 28 de diciembre.

Esta nueva normativa obliga a realizar este informe, adicional al de sus cuentas anuales, a todas aquellas compañía que superen los 500 empleados; las que tengan la consideración de "empresas de interés público" o las que durante dos ejercicios consecutivos reúnan dos de las siguientes condiciones: que el total de sus activos superen los 20 millones, que su cifra de negocios supere los 40 millones o que tengan más de 250 trabajadores.

Estas firmas deberán garantizar, por ejemplo, que cumplen con los derechos de los trabajadores en todas sus fábricas; que no usan mano de obra infantil; o que adoptan las medidas necesarias para corregir las desigualdades de género en sus plantillas. También su impacto medioambiental o los instrumentos que se adoptan para evitar la corrupción y mejorar la gobernanza.

El documento deberá analizar todos los posibles impactos sociales de la compañía mediante indicadores que puedan ser generalmente aplicados y que cumplan las directrices de la Comisión Europea en esta materia y los estándares de Global Reporting Iniciative (GRI), de forma que se pueda observar su evolución y también que pueda verificarse. De hecho, los informes deberán estar respaldados por un profesional independiente.

Rafael Nava ha mostrado su preocupación por la existencia de prácticas poco rigurosas detectadas en la elaboración y en la verificación de esta información. "La información no financiera debe elaborarse siguiendo los estándares internacionales adecuados. Sólo así seremos capaces de generar en estos temas la confianza que la Sociedad nos está exigiendo", ha señalado el experto.

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