Vicente Sánchez, quien fuera director general de TIP, el holding con el que canalizaba la CAM sus inversiones inmobiliarias, declaró ayer en la Audiencia Nacional que era un «mero ejecutor» de las operaciones que decidían los órganos de la caja. En su comparencia como investigado ante la magistrada María Tardón, quien ha retomado la instrucción que inició su compañera Carmen Lamela ante de su marcha al Supremo sobre las relaciones de la entidad de ahorros con la promotora alicantina Hansa, Sánchez se desmarcó de cualquier operación realizada a través de la participada, que definió como «una sociedad instrumental» de la que él «sólo era su representante».
La causa, una de siete abiertas por la gestión de la CAM que aún se está instruyendo, es una de las últimas que inició el entonces magistrado Javier Gómez Bermúdez antes de dejar el juzgado para, a petición del Fondo de Garantía de Depósitos, tratar de esclarecer las conexiones entre la caja y la promotora, donde la entidad tenía una participación minoritaria. Unos contactos que llamaron la atención del Banco de España.
Las sospechas del supervisor de centraban en varias operaciones societarias que se produjeron a finales de 2010 y que, según los inspectores, buscaban que la caja pudiera engordar artificialmente sus beneficios en unos 40 millones mediante la generación de falsas plusvalías a través del intercambio de acciones entre la CAM y los Galea, propietarios de la promotora. Eran las últimas cuentas que la entidad tenía que presentar en solitario antes de fusionarse con Cajastur, lo que no llegó a producirse.
Devolver el favor
Según el informe, los responsables de la caja habrían devuelto el favor a sus socios aceptando una reestructuración de su deuda más que generosa, lo que evitó su entrada en concurso de acreedores ese mismo año. Para ello, la CAM aceptó cancelar una deuda de 108 millones y entregó otros 7,5 millones en efectivo a cambio de dos solares en Valladolid y Zaragoza y de las participaciones de Hansa en los proyectos que habían emprendido de forma conjunta en México
En opinión del Banco de España, las tasaciones de estos activos fueron completamente desproporcionadas, como luego se comprobó cuando el Sabadell acabó regalando prácticamente los terrenos adquiridos en Baja California donde la CAM y Hansa iban a construir supuestamente miles de viviendas.
Además de Sánchez y de Rafael Galea, en esta causa figuran como investigados los exdirectores generales de la caja Roberto López y María Dolores Amorós, el exdirector de empresas Daniel Gil y el presidente y tres miembros de la comisión de control, entre ellos Francisco Grau, exasesor del ministro Eduardo Zaplana actualmente en prisión provisional por su relación con la operación Erial. Grau, quien ayer declaró por videoconferencia desde la cárcel de Fontcalent, también aseguró no tener nada que ver con las decisiones que se tomaron sobre las operaciones realizadas a través de TIP.
Con las declaraciones de ayer ya no queda ninguna diligencia pendiente en esta pieza que se ha ido instruyendo al mismo tiempo que la que indaga supuestos pelotazos que habría financiado la CAM. Unos hechos que la Fiscalía considera prescritos pero que, después de acordar la instructora el cierre de la investigación por este motivo, la Audiencia ordenó reabrirla tras ser recurrido el archivo por el Fondo de Garantía de Depósitos, que fue quien recapitalizó la caja con 5.249 millones y quien asume la mayor parte de las pérdidas de sus actuaciones a través del Esquema de Protección de Activos concedido al Sabadell.
Tres empresarios fueron citados ayer a declarar como investigados en este proceso, Germán Ros, José María Llamas y Fernando Civera, quienes defendieron la legalidad de los negocios bajo sospecha.
Un informe del Banco de España concluye que la caja «obviando sus obligaciones de gestor de fondos ajenos», permitió que sus socios en operaciones inmobiliarias «se lucraran con independencia del proyecto».
