El Banco Santander cerró 2018 con un beneficio neto de 7.810 millones de euros, el 18% más, y se ha propuesto mejorar su solvencia y rentabilidad, objetivos que se incluyen en el «ambicioso» plan estratégico que preparan y que detallarán en Londres en abril. Así lo explicó ayer la presidenta del banco, Ana Botín, muy satisfecha con las cuentas de 2018, un año «excelente» para el grupo, pero en el que también ha tenido que afrontar marejadas puntuales como el fichaje frustrado de un nuevo consejero delegado, el italiano Andrea Orcel, procedente del banco suizo UBS.
El Santander tuvo que renunciar hace apenas 15 días a contratar al banquero italiano, cuyo fichaje había anunciado a bombo y platillo el pasado septiembre, tras conocer el precio «inaceptable» que tendría que pagar por los compromisos adquiridos con UBS. De esta forma, el consejero delegado, José Antonio Álvarez, seguirá en su puesto «de forma indefinida», confirmó Botín, quien alabó su gran trabajo «como muestran los resultados del banco», que no eran obstáculo para que hayan estado a punto de sustituirle por Orcel.
Botín también reclamó al Gobierno que ponga en marcha una política fiscal más ortodoxa y abogó por la consolidación fiscal para que la economía española siga creciendo y se creen más empleos y de mayor calidad. También insistió, como hizo recientemente en Davos, en que las empresas paguen los impuestos donde generan sus beneficios, al igual que hace el Santander, que, sólo en 2018, ha pagado 5.200 millones de euros en impuestos.
