De Elche a Valencia. Ése es el salto que dará el gigante Tempe -la sociedad que comercializa y distribuye desde Elche el calzado y los complementos que el grupo Inditex destina a marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius- dentro de sus planes para seguir creciendo. Y todo después de que la Autoridad Portuaria de València haya dado el visto bueno a la venta de una parcela de Parc Sagunt a Tempe, tras concluir el plazo para recibir ofertas dentro del proceso de adjudicación de 280.000 metros cuadrados de suelo. Sin embargo, el posible desembarco de esta empresa con domicilio social en el cuartel general que tiene Amancio Ortega en Arteixo, en A Coruña, pero con domicilio comercial en Torrellano, hizo saltar todas las alarmas en Elche desde que comenzó a rumiarse la operación. Se temía que eso significara que Tempe daba por enterrado su proyecto de ampliación en Elche Parque Empresarial. Una expansión que contempla la adquisición de 300.000 metros cuadrados de suelo en el enclave de Torrellano y que, a priori, llevaría aparejada la creación de un millar de puestos de trabajo aproximadamente.
Tal era la envergadura de la macroplanta que se quería levantar que se habló de que la construcción podría convertirse en su mayor centro logístico mundial y hasta en la mayor plataforma distribuidora de calzado de todo el mundo. Puede que por eso el anuncio del proyecto por parte del president Puig en abril de 2016, en un desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, tuviera más de meditación que de improvisación. Al fin y a la postre, era un modo de precipitarlo todo. «Si hay algún buen proyecto, vamos a tener los brazos abiertos y trabajar con ellos», sentenciaba, para, a modo de ejemplo, hablar de un «grandísimo» proyecto de ampliación de una multinacional española en el campo de Elche. «No puedo dar detalles, pero es un proyecto muy importante», añadía. Tampoco era necesario.
Sus palabras ponían el foco sin cortapisa alguna en las negociaciones con Tempe, pero, al mismo tiempo, lo precipitaba todo hasta el punto de que Compromís, socio del PSPV en Valencia y no muy amante de aprobar una Actuación Territorial Estratégica (ATE), no tenía más remedio que dos días después, por boca del conseller de Economía, Rafa Climent, salir a decir que apoyarían la tramitación por la vía de esta figura urbanística con la que se pretendía promover en su día la implantación de Ikea en Alicante.
Al final, sin embargo, no fue necesario. Se optó por dar esquinazo a la ATE e ir por la vía de un Programa de Actuación Integrada (PAI) que permitiera ganar 569.651 metros cuadrados en el Parque Empresarial, en la zona comprendida entre la Vía Parque y la A-7, y de los que unos 300.000 metros irían para la filial de Inditex. Con ello, además, el PSPV se aseguraba que la tramitación fuera por la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas, cartera de la socialista María José Salvador, en lugar de por la de Rafa Climent, de Compromís. Casi en paralelo, se declaraba el procedimiento de urgencia en la tramitación y empezaban a elevarse consultas a administraciones y entidades afectadas.
Hoy, casi tres años después, la ampliación sigue en plena tramitación, pese a que en abril de 2016 se apuntaba desde algunos foros a que el proceso podría estar cerrado en un año, para medio año después comenzar a manejar el horizonte de finales de 2017 ó, a más tardar, el año 2018. ¿En qué punto se encuentra todo? En la recta final para aprobar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). De hecho, el viernes mismo se recibió un informe de la Dirección General de Aviación que es vinculante, y del que dependía que continuara el proceso, y, en la actualidad, falta uno de la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento, y otro de la Subdirección General de Ordenación del Territorio, y, por tanto, del Consell. La idea, así las cosas, es que toda la documentación urbanística pueda pasar por el pleno municipal en este primer trimestre, y, a partir de ahí, remitirla a la Generalitat para que también le dé el visto bueno. Sería entonces cuando podrían comenzar a contratarse los proyectos de urbanización y reparcelación necesarios para que culminara la ampliación. En cualquier caso, tras las últimas experiencias, ni en Valencia ni en Elche se atreven a dar plazos.
La secuencia de lo vivido con el caso Tempe pone en evidencia que los tiempos de la Administración, y más cuando se acaba topando con el urbanismo, no tienen nada que ver con los tiempos del empresariado. En 2008, cuando se cerró el anterior desarrollo de Tempe, en la tercera fase del parque de Torrellano, y tras unas duras negociaciones que corrieron el riesgo de encallar, se dejaba claro que aquella inversión, entonces de 90.000 metros cuadrados de suelo industrial, debía llevar aparejada la disponibilidad de suelo en futuros desarrollos de Elche Parque Empresarial. Hasta se habló de 200.000 metros cuadrados que garantizaran la expansión, con 2016 precisamente como fecha clave.
Cortejados por otras zonas
Para entonces, eran muchos los municipios que cortejaban a Tempe. Se habló de que el propio José Bono había ofrecido poco menos que suelo gratis en Castilla-La Mancha, consciente del tirón que tenía. Sólo un dato: la segunda ampliación, la que recibió el plácet en 2001, con Diego Maciá como alcalde y Carlos González, hoy presidente de la Corporación y en ese momento concejal de Fomento y vicepresidente de la empresa municipal Pimesa, ya estuvo bastante disputada. Por un lado, estaba la posibilidad de trasladarse a Galicia; por otro, Alicante, con Luis Díaz Alperi como alcalde, trató de atraer a la sociedad con una oferta bastante interesante. Maciá echó el resto y consiguió que Inditex se hiciera con 33.000 metros cuadrados, a razón de 13.300 pesetas el metro, y la sociedad que tienen a partes iguales Amancio Ortega y el ilicitano Vicente García se acabó quedando en Torrellano.
Precisamente la dureza en la que se desarrolla cualquier operación de este tipo, y más cuando está Tempe de por medio, compañía a la que no le faltan suculentas ofertas por el volumen de negocio y empleo que mueve, ha hecho que la inquietud esté servida, por más que, a día de hoy, el proyecto de Valencia sea compatible con el de Elche. Los datos no pueden ser más elocuentes: Tempe cerró el último ejercicio con una cifra de negocio que superó los 1.276 millones de euros, un 1,36% más que en el anterior, y unos beneficios que rondaban los 94 millones de euros, seis millones más que un año antes, y de los que 40,2 se destinaron a dividendos, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Actualmente, la plantilla de la cadena de calzado se acerca a los 2.000 empleados, y las filiales se distribuyen por puntos como México, Brasil, Suiza o China.
Eso es lo que ha hecho que tanto en Valencia como en Elche hayan activado todos los protocolos a su alcance para que las cosas no sigan demorándose más de lo necesario en el tiempo. Ya no sólo por la operación en Parc Sagunt, sino también porque, pese a la cortesía y a la discreción que definen a Vicente García, no ha ocultado su malestar por el retraso que está sufriendo la ampliación de Elche Parque Empresarial. Ya van casi tres años.
El desembarco en Valencia coincide con las obras que se están desarrollando en Elche Parque Empresarial, después de que Tempe comprara allí una parcela de algo más de 34.000 metros, que se unirán a los 150.000 que ya tiene. De lo que se trata es de levantar el ya conocido como Tempe 3 Bis, y que estará conectado al Tempe 3 a través de una galería subterránea de 800 metros. Con ello, lo que se busca es encontrar una solución transitoria hasta que el macrocentro logístico pueda ser realidad.
Mientras tanto, lo que parece que se quiere promover en Parc Sagunt es un bloque logístico en este territorio próximo al Puerto de Sagunt que podría operar como un canal de distribución, compatible con el proyecto de Elche, pero con salida al mar en este caso, incluso ya no sólo pensando sólo en Tempe, sino en todo el grupo Inditex, teniendo en cuenta el auge que cada vez más tiene el comercio electrónico. Como condiciones, se le exige a Tempe comenzar antes de cuatro años la actividad empresarial en esta parcela, así como mantenerla un mínimo de tres años. Además, VPI Logística reclama que en los terrenos se generen unos movimientos mínimos de 20.000 contenedores ó 200.000 toneladas al año, además de la creación de empleo en la zona.
