El fuerte crecimiento que registraba el mercado inmobiliario alicantino desde principios de año se cortó en seco el pasado mes de noviembre ante la incertidumbre que provocaron los vaivenes del Tribunal Supremo con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que se paga con las hipotecas. Aunque las notarías ya reconocieron en su día que muchas operaciones habían quedado aparcadas mientras se decidía quién debía pagar este tributo -al final el Gobierno se lo atribuyó a la banca-, fue ayer cuando el Instituto Nacional de Estadística confirmó el parón.

Así, en el caso de la provincia, durante el pasado mes de noviembre se formalizaron en los Registros de la Propiedad 3.330 compraventas de viviendas, lo que supone un descenso del 0,6% sobre el mismo periodo de 2017. Aunque pueda parecer una caída menor hay que tener en cuenta que hasta ese momento las ventas de casas en Alicante crecían a un ritmo cercano al 17%, gracias al tirón de los compradores extranjeros pero también a la recuperación de la demanda autóctona.

De esta forma, el frenazo fue más intenso en la provincia que en el resto del país, ya que a nivel nacional no se llegó a entrar en cifras negativas aunque se pasó de un crecimiento de ventas cercano al 16% a un modesto 2,8%, según los datos divulgados por el INE.

En cuanto a la tipología de las viviendas, los inmuebles de obra nueva son los que se han llevado la peor parte. La escrituración de casas nuevas descendió en noviembre un 23% en la provincia, al pasar de las 608 contabilizadas en 2017 a las 464 el pasado ejercicio. Por el contrario, las ventas de pisos y casas de segunda mano lograron mantener un pequeño crecimiento del 4,4%, eso sí, muy alejado del 18% que venían aumentando hasta ese momento.

Fue el pasado 16 de octubre cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo cambió la jurisprudencia que se aplicaba hasta la fecha y estableció en tres de sus sentencias que era la banca y no el cliente quien debía hacerse cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Sólo un día después el presidente del Tribunal decidió dar marcha atrás y convocó un pleno para aclarar la situación. Dicho pleno acabó dictaminando el 7 de noviembre a favor de la banca pero, inmediatamente, el Gobierno anunció que modificaría la ley por decreto.

Más comisiones de apertura

Por fortuna, todo apunta a que se trató de un parón momentáneo ya que, según el vicedecano del Colegio Notarial de València, el alicantino Delfín Martínez, «ya se ha recuperado el ritmo de firmas que había antes de la decisión del Supremo». Eso sí, también se empiezan a notar las consecuencias de que la banca deba asumir el pago el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Así, Martínez asegura que se ven «más comisiones de apertura que antes». Donde no parece que haya habido mucho cambio es en los diferenciales que aplican las entidades, según el representante de los notarios, aunque la mayoría de expertos cree que también subirán.