El caos generado por el Tribunal Supremo con su decisión sobre el Impuesto de Actos Jurídicosque se paga con las hipotecas provocó un frenazo en seco del crecimiento que hasta ese momento experimentaba el mercado inmobiliario nacional y, en particular, el alicantino. Aunque las notarías ya reconocieron en su día que muchas operaciones habían quedado aparcadas mientras se decidía quién debía pagar este tributo -al final el Gobierno se lo atribuyó a la banca-, ha sido este viernes cuando el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el parón que se produjo.

Así, en el caso de la provincia, durante el pasado mes de noviembre se formalizaron en los Registros de la Propiedad 3.330 compraventas de viviendas, lo que supone un descenso del 0,6% sobre el mismo periodo de 2017. Aunque pueda parecer una caída menor hay que tener en cuenta que hasta ese momento las ventas de casas en Alicante crecían a un ritmo cercano al 17%, gracias al tirón de los compradores extranjeros pero también a la recuperación de la demanda autóctona.

También cabe destacar que el parón ha sido más intenso en la provincia que en el resto del país, ya que a nivel nacional no se ha llegado a entrar en cifras negativas aunque se ha pasado de un crecimiento de ventas cercano al 16% a un modesto 2,8%, según el INE.

Menos casas nuevas

En cuanto a la tipología de las viviendas, las viviendas de obra nueva son las que se han llevado la peor parte. La escrituración de casas nuevas descendió en noviembre un 23% en la provincia, al pasado de las 608 del año pasado a 464. Por el contrario, las ventas de pisos y casas de segunda mano lograron mantener un pequeño crecimiento del 4,4%, eso sí, muy alejado del 18% que venían aumentando hasta ese momento.

En cualquier caso, todo apunta a que se trató sólo de un parón momentáneo y el número de operaciones ya se está normalizando, según explica el notario alicantino Rafael Ferrer.

Fue el pasado 16 de octubre cuando la Sala de lo Contecioso-Administrativo del Tribunal Supremo cambió la jurisprudencia que se aplicaba hasta la fecha y estableció en tres de sus sentencias que era la banca y no el cliente quien debía hacerse cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que se abona por la constitución de las hipotecas. Sólo un día después el presidente del Tribunal decidió dar marcha atrás y convocó un pleno para aclarar la situación.

Dicho pleno acabó dictaminando el 7 de noviembre a favor de la banca pero, inmediatemente, el Gobierno anunció que modificaría la ley por decreto para establecer que fueran las entidades las pagadoras. Durante esas tres semanas se produjo un parón en la negociación de nuevas hipotecas ya que las entidades no querían conceder nuevos préstamos sin saber qué gastos debían asumir.