La Agencia Catalana de Consumo, organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña, estudia sancionar a Playmobil, con sede en Onil, a raíz de una denuncia formulada por la Plataforma per la Llengua por no etiquetar sus productos en catalán. La empresa considera que la ley en la que está basada la denuncia no le afecta, mientras que tanto la patronal juguetera como la Generalitat Valenciana declinan pronunciarse sobre este asunto.
La Plataforma per la Llengua, una entidad cuya finalidad es promover el uso de la lengua catalana, ha denunciado a Playmobil, fabricante de los archiconocidos clicks, por negarse a etiquetar los productos que comercializa en este territorio en catalán. La denuncia también se ha hecho extensiva a la multinacional Lego, exactamente por los mismos motivos.
Portavoces de la Agencia Catalana de Consumo reconocían ayer a este diario haber recibido estas denuncias, señalando que se ha abierto un expediente a nivel interno de la propia institución para estudiar los hechos y concretar si son susceptibles de sanción. Con todo, y llegado el caso, las mismas fuentes han señalado que la multa máxima a las que se podrían enfrentar las empresas sería de 10.000 euros, y no de 100.000 como ha estado difundiendo la Plataforma por la Llengua a través de su página web, toda vez que se considera una infracción leve.
El fabricante alemán Playmobil, cuya sede en España se encuentra en Onil, no ha contestado a los requerimientos de este periódico para que ofrezca su versión de los hechos. Sin embargo, sí lo ha hecho a la propia entidad denunciante, como se recoge en la citada web, argumentando que, según la doctrina del Tribunal Constitucional de España, el legislador catalán puede regular que el etiquetaje sea también en catalán cuando los productos estén destinados a ser vendidos, exclusivamente, en Cataluña. Sin embargo, sostienen desde Playmobil, este no es el caso, toda vez que sus productos no se comercializan sólo en Cataluña, sino también en otras comunidades autónomas, por lo que consideran que la documentación sólo es obligatoria en castellano.
La Plataforma per la Llengua discrepa de la postura de Playmobil, por lo que será la Agencia Catalana de Consumo, en última instancia, la que decida sobre el particular y si abre expediente sancionador o archiva el caso.
Mientras tanto, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes ha declinado hacer declaraciones sobre este asunto para no amplificarlo, mientras que la Conselleria de Economía Sostenible también ha preferido guardar silencio.
