Bancaja fundamentó su expansión en los años de la burbuja previos a la crisis en una desmedida actividad inmobiliaria, no solo como entidad financiera, sino también como agente promotor en solitario o con otros socios de su sector. Esa política, sobre todo tras la llegada a la presidencia de José Luis Olivas en enero de 2004, la elevó al tercer lugar del escalafón de cajas y al sexto en bancos, pero era un gigante -otro- con los pies de barro y, en cuanto llegó la recesión, se le vieron las costuras. A mediados de 2010, el Banco de España forzó su integración en un grupo capitaneado por Caja Madrid -otra que también se había indigestado de ladrillo- que luego dio lugar a la actual Bankia.

Cuando el doce de diciembre de 2011, casi medio año después de la salida a Bolsa que ahora está siendo enjuiciada y cinco meses antes de la intervención que ocasionó a los contribuyentes un agujero de 22.400 millones, el consejo de Bankia aprobó la creación de un único grupo inmobiliario partiendo de la entonces Bancaja Hábitat, la filial sectorial de la entidad valenciana, el 44% de lo aportado por la caja presidida por Olivas estaba «asociado a suelos, lo que implicaba que Bancaja había aportado una cantidad de activos inmobiliarios asociados a suelos cuatro veces superior a la de Caja Madrid», según un nuevo informe pericial incorporado a la causa por el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri y elaborado por el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Navarra Germán López Espinosa.

Y no solo eso. El documento añade: «Respecto al caso concreto de las participadas inmobiliarias, se cuenta con más de 350 socios, de los cuales el 80% son promotores y se dice que la mayoría son insolventes». Bancaja, no solo en los años de prosperidad sino también en la etapa inicial de la crisis, se asoció a numerosas empresas para el desarrollo de proyectos para la construcción de viviendas. En ocasiones, ante los problemas financieros de sus asociados, se acabó quedando las participaciones de estas firmas.

El citado documento es de principio a fin un texto exculpatorio de la operación por la que nació Bankia y de la actuación de sus gestores en todo el proceso que condujo a la salida a Bolsa de la entidad en el verano de 2011, que acabó con numerosas pérdidas para los inversores. En suma, el informe concluye que el equipo dirigido por Rato actuó con «racionalidad económica», adoptó sus decisiones según análisis de organismos nacionales e internacionales y no cometió irregularidades contables. Tan es así que afirma que del análisis de los casi 1,5 millones de préstamos del grupo «no existe evidencia de incumplimientos que pudieran afectar a la imagen fiel», que es la cuestión central que se dilucidará en el juicio, es decir si se engañó o no con las cuentas a los inversores.