La decisión unilateral del Gobierno de Pedro Sánchez de que todos los alumnos universitarios de grado y máster coticen en el Régimen General de la Seguridad Social (RGSS) durante sus prácticas académicas externas, independientemente de que éstas sean remuneradas o no, ha levantado en pie de guerra a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Esta medida, introducida mediante Real Decreto Ley el pasado 29 de diciembre, solo a las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana les puede acarrear un impacto económico de 4 millones de euros anuales al estar obligadas a dar de alta en el RGSS a los más de 10.600 alumnos que cada año hacen prácticas en instituciones públicas o empresas.
Hasta ahora el Gobierno solo obligaba a cotizar por las prácticas remuneradas, por lo que el pago correspondía a las empresas. Además, en el caso de las prácticas curriculares, aquellas que son obligatorias para los alumnos al formar parte de los planes de estudio como una asignatura más, estaban bonificadas al 100 % por la Seguridad Social. Bonificación que desaparece en la nueva regulación.
«Disminuirá la oferta»
Los rectores consideran que esta medida tomada «de forma sorpresiva y sin consulta previa a las universidades», comportará «una disminución del número de prácticas ofertadas por parte de las empresas e instituciones y con ello la merma en la calidad del sistema educativo universitario al no poder ofrecer esta formación a los estudiantes».
La CRUE «celebra el reconocimiento del valor de las prácticas académicas y que éstas computen a los estudiantes como período de cotización a la Seguridad Social», pero alerta de que la obligatoriedad de cotización de las prácticas curriculares «podría acarrear un grave problema económico, difícilmente asumible para las universidades, que se añadiría al actual déficit estructural de la financiación». No hay que olvidar que las universidades públicas valencianas reciben la misma financiación del Consell que hace una década.
En el caso de las prácticas curriculares no remuneradas que se realizan en hospitales o en centros educativos públicos, las universidades advierten de que «no resulta plausible que otras Administraciones quieran y puedan asumir el coste de las obligaciones con la SS». Las universidades insisten en que, dado el elevado número de estudiantes en prácticas de ese tipo y los meses que suponen este tipo de prácticas clínicas o educativas, el montante económico resultante (60 euros al mes por alumno) «será muy difícil de asumir». A esto hay que sumar, prosiguen, el «elevadísimo número de estudiantes que vienen realizando prácticas no remuneradas en la Administración local, autonómica o del Estado».
La mayoría no son remuneradas
En cuanto a las prácticas curriculares en empresas y/o entidades, los rectores destacan que «la mayor parte de las prácticas (sobre todo las de los grados) son no remuneradas», con lo que si las universidades no pueden asumir las cotizaciones y las entidades colaboradoras no estan dispuestas a hacerlo, «disminuirá significativamente la oferta formativa».
En el caso de las extracurriculares, los rectores consideran «lógico» que, cuando éstas sean remuneradas, «las empresas se hagan cargo de la cotización correspondiente, y que las no remuneradas se vean exentas de esta obligación».
