La Comisión Nacional de la Energía (CNE); decidió ayer recomendar al Gobierno que condicione la autorización solicitada por Enel para ejercer derechos políticos por encima del 3% en Endesa a la implantación de un derecho de veto que le permita proteger los intereses públicos españoles.
La CNE aprobó ayer el informe solicitado por el Ministerio de Industria que servirá de base al Consejo de Ministros para decidir si autoriza a Enel a ejercer plenamente sus derechos políticos en Endesa, teniendo en cuenta que está participada por el Estado italiano.
La CNE considera que, mientras persista la capacidad de intervención del Gobierno italiano, conceder la autorización a Enel sin condiciones podría entrañar «ciertos riesgos adicionales» sobre las actividades desarrolladas por Endesa que afectan a la seguridad pública energética en España. Por ello, el regulador energético considera «imprescindible» que se establezcan medidas que garanticen que Enel «no prime los intereses propios de la sociedad matriz y del Gobierno italiano en la adopción de decisiones estratégicas que afecten a la actividad de Endesa».
