A lrededor de 300 empresas provinciales de más de 250 trabajadores están obligadas a tener un plan de igualdad que contemple medidas negociadas para evitar cualquier discriminación laboral y establezca la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Sobre este objetivo general está estructurada la Ley de Igualdad que apenas tiene un mes de vigencia, ya que su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE); se produjo el 23 de marzo pasado. Su aplicación - que es de cumplimiento inmediato - beneficiará a las 312.000 mujeres ocupadas en la provincia, aunque también a los 468.200 trabajadores.
UGT y CC OO estiman que de las cerca de 400 firmas alicantinas de entre 100 y más de 500 empleados, unas 300 estarían afectadas por la normativa. No obstante, los ugetistas van a plantear que «también se aplique en las de más de 100, ya que tienen volumen productivo y masa laboral suficiente para asumirla», aseguró el secretario general de UGT en l´Alacantí, Óscar Llopis.
Los sindicatos preparan ya motores para dar la «batalla» en la negociación colectiva. Aseguran que van a ser «inflexibles» en el grado de cumplimiento de la normativa y de las medidas que se consensúen. «Hemos luchado muchos años por esta ley y no vamos a renunciar a denunciar los incumplimientos», advertía Óscar Llopis. Paralelamente, la responsable de Empleo y Mujer en CC OO en l´Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro, se mostró satisfecha por la nueva vía que se abre en las mesas de negociación. «Nos lo hemos trabajado. Y si dentro de unos años hay aspectos que mejorar, también pueden plantearse».
La reducción de la temporalidad del empleo femenino será una de las primeras «lacras» a rebajar y las propuestas sindicales para reducirlas se centrarán en la contratación estable y la distribución de la jornada laboral, fijando límites semanales y diarios y con horarios que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar. Según los datos aportados por UGT, la tasa de temporalidad femenina en la provincia se situó el pasado año en el 43,90%, siete puntos por encima de la masculina, que estaba en el 36,90%. En ambos casos, desde 1999 se ha producido una reducción, si bien mientras la eventualidad entre las mujeres trabajadoras apenas se ha recortado en un punto (0,8%); en estos últimos siete años, en el caso de los trabajadores el descenso ha sido de 3,5 puntos.
Pero como criterio general y prioritario, los sindicatos van a exigir que los empresarios «se comprometan a garantizar el acceso real de la mujer al mudo laboral y en sectores en los que predomina más la mano de obra masculina como el metal o el transporte», incidía Navarro. Al mismo tiempo, se va a reclamar, como establece la normativa, «la promoción de las mujeres en categorías donde ya están implantadas y la posibilidad de acceder a escalafones superiores», coincidían UGT y CC OO. En definitiva, «que donde no haya mujeres, comiencen a incorporarse», subrayaba Navarro, ya que eso permitirá, a su vez, acceder a puestos de mayor responsabilidad.
Paralelamente, a lo que también están obligadas las mercantiles con más de 250 trabajadores es a aplicar la paridad - fijada entre un 40% y un 60% - entre hombres y mujeres en la composición de sus órganos de gobierno. La patronal alicantina Coepa criticó duramente a finales de la semana pasada las cuotas de la Ley de Igualdad, argumentando que afectarían a la competitividad. La organización que preside Modesto Crespo vaticinaba en un comunicado que «de verse distorsionados», por el cumplimiento de las cuotas, los criterios de «eficiencia e idoneidad» que rigen en las empresas, se «podría poner en peligro la competitividad de las compañías».
La alarma lanzada por Coepa fue ampliamente rebatida por los sindicatos y tampoco encontró eco entre algunas empresas líderes provinciales que han modernizado sus estructuras en los últimos años. Estos directivos de grandes sociedades niegan que las cuotas que fija la Ley de Igualdad afecten a la productividad. Lo que sí comparten con Coepa es que la paridad que se pretende no debe venir por la vía de «la imposición».
No obstante, los cambios en los órganos de gobierno que tienen que realizar las empresas alicantinas y nacionales no tienen por qué producirse de forma traumática e inmediata. En este caso, la ley concede un plazo de ocho años para adaptarse.
El artículo 75 establece que «las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta ley».
