Las consecuencias de la nefasta gestión de la CAM siguen coleando y, siete años después de su quiebra, la desaparecida caja de ahorros alicantina ha vuelto a copar buena parte de la actualidad económica de la provincia durante el ejercicio que ahora acaba. La celebración del juicio y posterior condena a seis de sus responsables por las dietas que cobró el expresidente de la entidad, Modesto Crespo, ha sido, sin duda, la noticia del año en los círculos económicos alicantinos durante un 2018 en el que, por lo demás, también hemos asistido a la pugna entre las patronales CEV y Uepal por ocupar el puesto de la extinta Coepa -una batalla que, de momento, va ganando la primera- y en la que ha continuado la consolidación de la recuperación económica, eso sí, a un ritmo más pausado que en ejercicios anteriores.
De esta forma, si el año pasado la Audiencia Nacional ya puso de manifiesto las numerosas irregularidades que se cometieron en la CAM, con la condena a cuatro de sus directivos por el falseamiento de sus cuentas -los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós y sus subordinados Francisco Martínez y Teófilo Sogorb-, el proceso celebrado desde mayo en las instalaciones de la Audiencia Provincial de Alicante volvieron a sacar a la luz las miserias de la entidad y, en concreto, las de un consejo de administración que quedó retratado como un simple títere en manos de los ejecutivos de la caja.
Así, la sentencia consideró probado que Modesto Crespo -que alcanzó un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía antes del inicio de las vistas- utilizó una de las filiales de la CAM para cobrar 600.000 euros y burlar así la prohibición establecida en los estatutos de la caja que impedía que los presidentes de la entidad cobraran un sueldo por ocupar este cargo. Aunque la defensa del exdirector general Roberto López Abad y de otros de los condenados intentaron demostrar que los emolumentos de Crespo estaban justificados por el trabajo que realizó en la filial, el tribunal consideró acreditado que el empresario ilicitano nunca realizó ninguna tarea en esta empresa -el ejecutivo al cargo de la misma aseguró durante el juicio que apenas habló con él durante dos minutos en un pasillo-, y todo respondió a un plan ideado por el propio Crespo y López Abad. Un plan que, según el fallo, también requirió de la participación de los miembros de la Comisión de Retribuciones de la caja -Antonio Gil-Terrón, Martín Sevilla y Luis Esteban- y del secretario del consejo José Forner, todos ellos condenados por estos hechos.
En cambio, la Audiencia Provincial exculpó al resto de miembros del consejo al entender que la aprobación de estos pagos nunca pasó por sus manos y que las actas de las reuniones en las que se afirmaba lo contrario estaban manipuladas. Tanto los condenados por el falseamiento de las cuentas el año pasado, como los del juicio de las dietas de Crespo, han recurrido estas sentencias.
Investigaciones pendientes
En cualquier caso, la retribución de Modesto Crespo no será el último asunto relacionado con la CAM que llegue a juicio ni tampoco el único que este año ha tenido protagonismo informativo. Así, también han sido noticia destacada la apertura de juicio oral contra los empresarios benidormís Juan Ferri y José Baldó por los negocios que realizaron junto a la CAM en el Caribe -los hoteleros también están siendo investigados por sus relaciones con Bancaja en el caso Grand Coral-, o la comparecencia del fundador de Hansa Urbana, Rafael Galea, para testificar en la causa que trata de esclarecer si la promotora recibió trato de favor por parte de la caja de ahorros a cambio de permitir una operación para hinchar de forma ficticia sus beneficios.
Pero la CAM no es la única entidad que ha visto expuestas sus vergüenzas en 2018. El pasado septiembre el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia por las tarjetas «black» de Caja Madrid, lo que supuso la entrada en prisión del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el mayor símbolo del denominado «milagro económico español», que saltó por los aires con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Eso sí, Rato eligió para cumplir condena el penal de Soto del Real por su cercanía con las instalaciones de la Audiencia Nacional, donde en estos momentos se sigue el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, por el que le solicitan otros cinco años de pena. Un proceso en el que también está acusado el expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas. La crónica de tribunales financiera de este 2018 se completa con el arranque del primero de los juicios por el saqueo del Banco de Valencia.
El Sabadell suelta lastre
Si la CAM ha ocupado un buen número de páginas este año, sus herederos -el Sabadell y la Fundación Caja Mediterráneo- no se han quedado atrás. El banco presidido por Josep Oliu celebró en abril su primera junta de accionistas en Alicante, en el Auditorio de la Diputación, tras el traslado de su domicilio social a la ciudad para huir de la incertidumbre creada por el desafío independentista catalán. Una ocasión que aprovechó para defender esta controvertida decisión que, sin embargo, logró revertir la fuga de depósitos que sufrió el banco en octubre de 2017.
Pero, además, el Sabadell también ha aprovechado este ejercicio para acelerar la salida de su balance de todo el «ladrillo tóxico» que le quedaba de la CAM con la venta de cuatro grandes carteras este verano. Un proceso que completó con la venta de su filial inmobiliaria Solvia al fondo sueco Intrum hace sólo un par de semanas. Eso sí, a pesar de ello, la entidad no ha logrado evitar el castigo de las Bolsas, donde este año se ha dejado más de un 40% de su valor.
Por su parte, la Fundación Caja Mediterráneo ha emprendido este año la reestructuración que tenía pendiente desde su constitución, cuando la antigua Obra Social de la CAM se desgajó del negocio financiero de la extinta caja para dar lugar a esta nueva institución. El primer paso fue la aprobación el pasado mes de abril de un nuevo plan estratégico, con el que la fundación pretende garantizar su viabilidad tras perder los ingresos que le aportaba regularmente la desaparecida entidad. Un plan que, además de buscar nuevas fuentes de financiación, también puso el acento en la reducción de gastos, lo que llevó a la aprobación este mismo mes de un Expediente de Regulación de Empleo para el 40% de su plantilla.
Batalla empresarial
Fuera ya del ámbito financiero y de la órbita de la CAM, la noticia más destacada ha sido la batalla que se ha abierto por la representación del empresariado alicantino tras la desaparición de la antigua patronal Coepa, que solicitó su liquidación a finales de 2017, incapaz de remontar la situación creada por la deuda que contrajo para levantar su centro de oficios y la exigencia de la Generalitat de que devolviera las ayudas que recibió para su construcción. No habían pasado ni dos semanas cuando un grupo de antiguos miembros de esta organización constituyó una nueva patronal, la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), para aglutinar a quienes no estaban dispuestos a integrarse en la CEV, el proyecto que desde València había arrancado el año anterior Salvador Navarro para convertirse en la nueva asociación empresarial de referencia en toda la Comunidad.
Navarro pronto recibió el aval de la CEOE, que la ungió como su representante en la autonomía, cerrando la puerta a una posible incorporación de Uepal a sus filas; y también el apoyo de la Generalitat, que no dudó en reconocer a la CEV como su nuevo interlocutor con el empresariado. Al mismo tiempo, un incansable Salvador Navarro no ha dejado de sumar apoyos en la provincia hasta la fecha.
No obstante, la organización también tuvo que lidiar con la espantada de la ilicitana Rosana Perán, que optó por abandonar la presidencia de CEV Alicante apenas unos meses después de su nombramiento, lo que obligó a iniciar un proceso electoral que, finalmente, concluyó con la elección de Perfecto Palacio para el cargo.
Por su parte, tras los tropiezos de su arranque, Uepal logró cobrar algo de fuerza cuando el pasado octubre cambió a su junta directiva y puso al frente al expresidente de Cepyme Juan José Sellés, que la logrado cambiar el rumbo de la organización.
Mientras tanto, el juzgado de Instrucción número 9 de Alicante dio carpetazo a la investigación abierta contra los exresponsables de Coepa por las supuestas irregularidades en la construcción del centro de oficios al no encontrar ningún indicio de delito.
Riera renueva en la Cámara
También fue intensa la batalla que se vivió en la Cámara de Comercio de Alicante, que celebró sus elecciones con más de tres años de retraso, tras los cambios introducidos en la legislación que regula estas instituciones por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Juan Bautista Riera no lo tuvo nada fácil para renovar la presidencia, que ocupaba de forma interina desde junio de 2016, cuando se retiró José Enrique Garrigós. Aunque nunca llegó a tener un oponente oficial -Perfecto Palacio, que era el nombre que más sonaba en los círculos empresariales, nunca llegó a postularse-, la alianza que sellaron la Federación del Comercio (Facpyme), la del Metal (Fempa) y el empresario Carlos Baño le obligaron a negociar hasta el último minuto la composición de su comité ejecutivo. Tampoco le benefició la utilización de su discurso en la Noche de la Economía del año anterior para vender su candidatura, ni el respaldo que entonces dio a Coepa frente a la CEV. Aún así, el dianense salió airoso de la contienda.
Mucho más fluidos resultaron los relevos en la presidencia de la Fundación Empresa-Universidad de Alicante (Fundeun), donde Manuel Cazorla sustituyó a Iván Sempere; y en el Instituto de Estudios de la Provincia de Alicante (Ineca), donde fue Rafael Ballester el que ocupó el puesto que dejó Perfecto Palacio.
Otra historia con final feliz este año ha sido la de Fundesem. Tras dos años de negociaciones y una demanda de por medio, la escuela de negocios ha logrado cerrar un acuerdo con la Generalitat para refinanciar los 1,2 millones de euros que debe al Ivace por el alquiler de su sede.
Operaciones empresariales
En otro orden de cosas, a lo largo de este año también se han producido destacadas operaciones corporativas en la provincia. La mayor de ellas fue la compra de la marmolera Levantina por parte del fondo Bybrook el pasado mes de mayo, que adquirió los títulos que hasta entonces controlaba BNP. También han sido notables las inversiones en el sector hotelero, especialmente las protagonizadas por Port Hotels, del presidente de Hosbec, Toni Mayor. El empresario benidormí, que en 2017 ya se hizo con los Holiday Inn de la Playa de San Juan y de Elche, dio la campanada al comprar los hoteles Huerto del Cura y Milenium por 15 millones también en suelo ilicitano.
El ejercicio que acaba también ha sido el de la despedida de Manuel Ruano de la dirección de la planta de aluminio de Alicante. El ejecutivo fue una pieza clave para el mantenimiento de la fábrica en la ciudad, que estuvo al borde del cierre por la crisis y la negativa de su anterior propietaria a realizar las inversiones necesarias para su puesta a punto. Ruano convenció al fondo Atlas Holdings para la creación de Aludium y también fue el principal artífice de la recuperación del negocio.
Caída del paro y subida del SMI
En el terreno laboral, la provincia ha continuado con la creación de empleo -la EPA del tercer trimestre recogía 8.000 ocupados más que un año antes- aunque lo hizo a menor ritmo que años anteriores. No obstante, la gran reivindicación este ejercicio ha sido la necesidad de mejorar los salarios, tras la caída de poder adquisitivo registrada por los trabajadores durante la crisis. Los sindicatos y la patronal lograron cerrar un pacto que recomendaba subidas de hasta un 3% anual en los sueldos pero la verdadera victoria fue cuando el Gobierno accedió a subir a 900 euros mensuales el salario mínimo.
Esta mejora de los sueldos se sumó a la revalorización de las pensiones que también aprobó el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y que se aplicó en julio, después de meses de manifestaciones de los pensionistas contra la reforma aprobada por el PP, que ha limitado la subida de las pagas a un 0,25% durante los últimos años.
Sin abandonar su lucha, los responsables de UGT encontraron tiempo para conmemorar el 130 aniversario de este sindicato, y los 30 años de la constitución de su estructura autonómica con diversos actos en las ciudades de Alicante y Elche.
Por su parte, la economía alicantina siguió avanzando a pesar de las numerosas dudas que generaron las posibles repercusiones del Brexit en la provincia. Sin embargo, la llegada de turistas apenas se resintió y, tras el golpe inicial, la venta de viviendas a británicos también se recuperó. Así, en su conjunto, hasta el mes de septiembre el número total de casas vendidas en Alicante alcanzó las 33.199, un 14,95% más que en el ejercicio anterior.
Algo más tibias son las cifras de las exportaciones, que sólo crecen un 1,55% hasta el mes de octubre, con un total de 4.417 millones. Aún así, también es cierto que los incrementos de los últimos meses son algo mayores.
Gastos hipotecarios
Pero si ha habido otra noticia que ha marcado la actualidad han sido los cambios introducidos en las hipotecas, después de que el Tribunal Supremo dictaminara que eran los bancos los que debían asumir los gastos de constitución del préstamo y, apenas unos días después, reculara. Finalmente, el Gobierno estableció por decreto que la banca asumiera el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, una obligación que también fija la nueva Ley Hipotecaria, que entrará en vigor el próximo ejercicio, tras su trámite parlamentario.
