Piscinas que no aparecen en ningún plano, áticos que duplican el tamaño declarado tras anexionarse la terraza, chalets de dimensiones muy superiores a las que constan en los registros y, así, miles de casos. En concreto, la Dirección General del Catastro ha aflorado la friolera de 106.657 construcciones de todo tipo en la provincia desde que en el año 2013 puso en marcha su plan de regularización, con el que está peinando uno por uno todos los municipios de España para detectar las edificaciones realizadas sin permiso.
Un plan que, en el caso de Alicante, ya ha revisado palmo a palmo el término de 98 de las 141 poblaciones de la zona gracias al uso de drones y avionetas, que han permitido realizar un control exhaustivo de todo el territorio, para sorpresa de muchos de los propietarios de estos inmuebles, que se han visto obligados a legalizar su situación, con la consiguiente subida del recibo del IBI a partir de ese momento.
En concreto, el Catastro determina cada año los municipios en los que va a aplicar el proceso de regularización y, tras el barrido aéreo, remite cartas de oficio a los titulares de los inmuebles, que tienen 15 días para presentar alegaciones o legalizarlo, mediante el pago de una tasa de 60 euros. A cambio, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda no impone ninguna sanción, aunque esto no es óbice para que lo hagan otras administraciones, como el Ayuntamiento correspondiente o la Generalitat si no se han pagado las licencias de obras o si, por ejemplo, contraviene la normativa.
Más recaudación
En cualquier caso, el principal objetivo del proceso es ampliar la base del IBI, lo que ya está beneficiando las arcas de aquellos consistorios en los que ha finalizado este proceso. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Elche, la población de la provincia con un mayor número de irregularidades detectadas hasta la fecha, con más 10.300, cifraba este pasado verano en unos tres millones de euros el incremento de recaudación que logrará gracias a la labor de los drones.
En el conjunto de la provincia, las infracciones más numerosas han sido por las ampliaciones y rehabilitaciones de inmuebles sin declarar, que suponen el 36,05% del total, es decir, unas 38.500. En segundo lugar se sitúan las reformas y cambios de uso, unas 30.300, el 28,41%, aunque quizás lo más sorprendente sean las más de 27.000 construcciones completamente nuevas (el 25,75%) que no aparecían en ningún documento oficial. Unos inmuebles que hasta ahora eran más difíciles de localizar, sobre todo si se trata de zonas rurales donde los inspectores municipales tenían menos acceso, pero que las nuevas tecnologías han puesto al descubierto.
De la misma forma, las fotografías y filmaciones aéreas también han permitido sacar a la luz hasta 10.441 piscinas cuyos dueños no se habían molestado en inscribirlas adecuadamente. Una infracción más frecuente, como es lógico, en aquelllas zonas costeras en las que predomina la construcción unifamiliar, como Benissa, donde las piscinas supusieron hasta el 43% de todas las irregularidades que se detectaron, o Teulada, donde sumaron el 32,93%.
Curiosamente también fueron muy habituales en algunos municipios de interior, como Hondón de los Frailes o Pilar de la Horadada, donde las piscinas de chalets afloradas se sumaron a los embalses de riego que tampoco estaban declarados pertinentemente en los registros.
Los más infractores
En cuanto a los municipios donde más infracciones se han localizado, como ya se apuntaba, la lista la encabeza Elche, con 10.362 inmuebles regularizados durante el proceso que, en este caso, concluyó en la población en octubre del año pasado. En segundo lugar se sitúa Orihuela, con 8.528 irregularidades detectadas, seguido por Alicante, con 7.181 casos; Torrevieja (4.226); Teulada (4.176); Villena (4.176); y San Vicente (3.778). También destacan en esta clasificación Crevillent (3.656); Novelda (3.176) o Dénia (3.060), entre otros. En definitiva, que ninguna parte de la provincia escapa a la presencia masiva de estas construcciones ilegales en su territorio.
Por su parte, el proceso sigue abierto -aunque finaliza el próximo día 31- en 43 poblaciones de la provincia, entre las que destacan Alcoy, en la zona del interior; Xàbia, en la costa norte de la demarcación; Xixona, Mutxamel o Sant Joan, en l'Alacantí; o San Fulgencio y San Isidro, en la comarca de la Vega Baja. Los resultados en todos estos casos se conocerán a partir del próximo año, de acuerdo con la cadencia que ha mantenido hasta la fecha la Dirección General del Catastro, y pondrá fin al desarrollo de este procedimiento.
La cuarta provincia
Como era de esperar, con el desarrollo urbanístico que ha tenido la zona, Alicante es una de las provincias españolas donde más regularizaciones se han producido hasta el momento, dentro de este plan del Ministerio de Hacienda. En concreto, ocupa el cuarto lugar. Sin embargo, frente a lo que muchos pudieran esperar, la primera de la lista no es una zona especialmente afectada por la construcción desenfrenada de los años de la burbuja. A falta de los resultados finales, quien ostenta este dudoso honor es A Coruña, donde los drones han descubierto hasta 123.694 edificaciones irregulares, un 21,6% de ellas piscinas sin legalizar.
En segundo lugar se sitúa la vecina València, que suma 109.716 casos, con un total de 214 municipios con el procedimiento concluido, de un total de 266. Como era de prever, el «cap i casal» concentra buena parte de las regularizaciones, con 10.402 altas. La tercera de la lista es Barcelona, con 107.940 infracciones; y la quinta, por detrás de Alicante, es Madrid, con 100.972. Por su parte, Castellón presenta un saldo de 29.599 inmuebles aflorados.
El procedimiento extraordinario de puesta al día del Catastro formó parte de las medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012 con el objetivo de mejorar las finanzas de los ayuntamientos y atajar el déficit público de las administraciones, entre las que también se incluyó una subida del tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles. De esta forma el efecto era doble ya que, por un lado, a lo largo de estos años se ha ampliado el censo de inmuebles de tienen que tributar, y, al mismo tiempo, se eleva la cantidad que paga cada uno de ellos.
