La Fundación Caja Mediterráneo dio ayer un paso trascendental para poner en marcha la reestructuración con la que espera equilibrar sus cuentas y garantizar definitivamente su viabilidad económica. Tras la aprobación de su plan estratégico la pasada primavera y la reducción de los gastos jurídicos derivados de las demandas por las cuotas participativas, la institución tenía pendiente acometer un importante ajuste de personal para dimensionar la plantilla a su nueva realidad. Una medida que finalmente podrá poner en marcha sin conflictos tras el acuerdo que ayer firmó con los representantes del personal para la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
En total, la fundación presidida por Luis Boyer prescindirá de 16 de sus 39 trabajadores actuales, seis menos de los que propuso inicialmente cuando se abrieron las negociaciones. En cualquier caso, supone un recorte del 41% de la plantilla que heredó de la antigua Obra Social de la CAM, a la que ha sustituido.
En cuanto a las condiciones, el texto final establece dos tramos en función de la edad. Para aquellos con 59 o más años -cinco trabajadores-, los responsables de la fundación garantizan el cobro del 70% de su salario -incluido lo que reciban por la prestación por desempleo- así como el convenio con la Seguridad Social hasta que cumplan los 63 años, cuando podrán acceder a la jubilación. No obstante, para aquellos que ya estén próximos a esta última edad también les ofrece la posibilidad de acogerse a una indemnización de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades, si les resulta más ventajoso.
Para el resto de empleados, el acuerdo establece una indemnización de 35 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. Además, también incluye un plan de recolocaciones y la creación de una bolsa de trabajo para que los afectados por el ERE tengan prioridad, en el caso de que la fundación necesite realizar nuevas contrataciones.
Ventana de bajas voluntarias
Además de los trabajadores directamente afectados por el ERE -que ya han sido designados por los responsables de la institución en base a los centros y departamentos que se van a cerrar o recortar-, durante un año se mantendrá abierta una ventana de bajas voluntarias a la que podrán acogerse aquellos empleados que vean modificadas sus condiciones de trabajo por la citada reestructuración de la actividad, por ejemplo, con un traslado. En este caso se les pagará 30 días por año trabajado, con un tope de 18 mensualidades.
Y es que la aprobación del ERE era un paso imprescindible para avanzar en el citado plan estratégico que prevé, entre otras cosas, replegar la actividad de la fundación básicamente a las provincias de Alicante y Murcia y desprenderse del resto de centros que posee fuera de estas demarcaciones, con la excepción de la Llotgeta de València. Eso significa que cerrarán definitivamente o ya han cerrado el Camon que la CAM abrió en Madrid cuando la desaparecida caja de ahorros aspiraba a ser una entidad nacional; el centro cultural de Torrent o el centro de interpretación medioambiental de Bunyol.
Además, también se prevén ahorros en el personal de la biblioteca Gabriel Miró, que desaparece como sala de estudio; en la Casa Museo Modernista de Novelda y la Casa Museo de Azorín, en Monóver; en el departamento de administración e, incluso, la desaparición del puesto de jardinero que existía.
Equipo de gestión inmobiliaria
Ahora el siguiente paso, de acuerdo con el plan estratégico, será la puesta en marcha de un equipo integral de gestión inmobiliaria que se encargue de rentabilizar, es decir, de vender o alquilar, los edificios que no se utilicen. Una tarea ingente si se tiene en cuenta que la Fundación CAM acumula 44 inmuebles en propiedad. El objetivo final es que la institución alcance el objetivo presupuestario en el año 2020 y se corte la sangría que le llevó a reducir de 121 a 98 millones su patrimonio en sólo cuatro años -entre 2012 y 2016- por las pérdidas que acumulaba.
