Una de las claves para que la Fundación Caja Mediterráneo pueda alcanzar el equilibrio financiero de sus cuentas ha sido la reducción de los costes jurídicos derivados de las demandas por las cuotas participativas. Una «pesadilla» para los responsables de la institución que ha quedado definitivamente atrás después de que el año pasado el Tribunal Supremo dejara claro que es el Sabadell, el adjudicatario del negocio financiero de la desaparecida CAM, quien debe asumir en primer lugar la devolución del importe de estos títulos, en los casos en que se demuestre que se vendieron con engaño. Únicamente si el banco se declarara insolvente, la fundación debería hacer frente a estos pagos. Y es que la fundación sólo cuenta con los ingresos que pueda generar con su actividad para subsistir.
