27 de noviembre de 2018
27.11.2018

La Fiscalía abre la puerta a endurecer las penas a los acusados en el caso Bankia

Anticorrupción podría añadir el delito de falsedad contable y extender la acusación a los exconsejeros que aprobaron su salida a Bolsa en 2011

26.11.2018 | 22:16

El juicio de Bankia comenzó ayer con la posibilidad de que la Fiscalía Anticorrupción añada al delito de estafa a inversores que atribuye a la antigua cúpula de la entidad cofundada por Bancaja el de falsedad contable, que también podría extender al resto de acusados, que suman una treintena. Así lo indicó en la primera sesión del juicio, destinada a presentar cuestiones previas, la fiscal Carmen Launa, quien, pese a que descartó de momento incorporar la falsedad contable a las acusaciones ya formuladas, se reserva la posibilidad de hacerlo en el futuro para que los acusados no puedan alegar indefensión.

En su escrito inicial de acusación, la Fiscalía pide cinco años de prisión para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por estafa a inversores, delito que también atribuye al exvicepresidente José Luis Olivas (cuatro años), al exconsejero José Manuel Fernández Norniella (tres años) y al exconsejero delegado, el alcoyano Francisco Verdú (dos años y siete meses).

Al resto de exconsejeros y exdirectivos de la entidad, así como a BFA, la propia Bankia, la auditoría Deloitte y el socio auditor, Francisco Celma, son únicamente las acusaciones particulares y populares, que piden para ellos hasta doce años de prisión, las que les atribuyen falsedad contable, penada con entre uno y tres años de cárcel.

Anticorrupción sostenía que los cuatro ocultaron que el negocio de Bankia era inviable en un entorno de crisis sin recibir ayudas, de modo que habrían actuado para obtener «a toda costa» los fondos necesarios, aunque señalaba que «las cuentas del grupo no son materialmente falsas, ya que no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias del regulador». Por ello, no incluía la falsedad contable, pero ayer la fiscal, acompañada en el estrado por el ahora fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, introdujo esta posibilidad tras la incorporación de ingente documentación que hasta ahora no obraba en el procedimiento.

Entre estos informes Launa destacó aquellos que revelarían el mal estado de Bancaja Hábitat, la filial inmobiliaria de Bancaja (una de las siete entidades que constituyeron Bankia tras el proceso de fusión), que, según el Ministerio Público, «ocultaba gran parte de los deterioros» que se arrastraron a las cuentas de 2011. Tras la Fiscalía tomaron la palabra las acusaciones; de las particulares, sólo 13 acudieron a la vista, de las cuales varias desistieron de acusar a los exconsejeros Estanislao Rodríguez-Ponga y Mercedes Rojo de falsedad contable.

La principal pretensión de las defensas fue la aplicación de la «doctrina Botín», en función de la cual las acusaciones populares quedarían expulsadas del procedimiento de acreditarse que no hay ningún perjudicado sin recuperar su dinero en el procedimiento. Bankia ha devuelto el dinero obligada por una sentencia del Supremo. El letrado de Rato, Ignacio Ayala, apuntó al tribunal que el propio exministro adquirió 66.000 acciones de Bankia de la salida a Bolsa, unos 250.000 euros, hecho que también alegó la defensa del expresidente de la Generalitat y de Bancaja José Luis Olivas, quien mantuvo su inversión de 150.000 euros «mucho tiempo después de salir de la entidad», lo que, en su opinión, desmontaría el delito de estafa.

Para Carlos Aguilar, letrado del exministro de Interior Ángel Acebes, la querella interpuesta por el partido UPyD en 2012 y que dio lugar al caso, «se presentó contra un oponente político» sin tener en cuenta que su representado se incorporó a Bankia el 27 de julio de 2011, una semana después del salto al parqué. De este modo, impugnó el auto de apertura de juicio por ser «hechos ajenos» a él.

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