La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha vuelto a recomendar al Gobierno que elimine los tipos reducidos del IVA, que apruebe nuevos impuestos medioambientales y que vincule la edad de jubilación a la esperanza de vida como recetas para mejorar la sostenibilidad del Estado de Bienestar.

"El periodo de referencia aplicable a las rentas computables a efectos de pensión ha de ampliarse más hasta abarcar toda la vida laboral del contribuyente", ha recetado el organismo internacional, según se desprende de la edición 2018 de su informe 'Estudio Económico de España'.

Además, a pesar de que las reformas acometidas en los últimos años elevaron la edad de jubilación hasta los 67 años, la OCDE ha asegurado que el Gobierno debería vincular la edad de jubilación a la "variación de la esperanza de vida restante después de los 65 años".

Por otro lado, en relación a las pensiones, el organismo presidido por el mexicano Ángel Gurría ha afirmado que el Ejecutivo debería estudiar "medidas adicionales y alternativas" que "fomenten" el ahorro privado como respuesta a los cambios anunciados para recortar las comisiones de los planes privados de pensiones.

Según la OCDE, los jóvenes españoles afrontan actualmente un mayor riesgo de pobreza que sus mayores y como consecuencia de prolongados periodos de elevado desempleo y la disparidad de ingresos entre generaciones es probable que en el futuro crezca el riesgo de pobreza para los futuros jubilados. Por ello, recomienda reducir o eliminar el mínimo de años cotizados, actualmente 15, para acceder a una pensión contributiva en España.

La institución considera que las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 cuentan con el potencial de contribuir a la sostenibilidad del sistema en el largo plazo, pero advierte de que los cambios adoptados en el presupuesto de 2018 "pueden deshacer parte de estas reformas", incrementando un tanto el coste de las pensiones, aunque elevando también el nivel de vida de los pensionistas. "Hay algunas tensiones entre sostenibilidad fiscal y la viabilidad política", advierte.

Teniendo en cuenta el impacto de los cambios de 2011 y 2013 sobre los pensionistas futuros y la situación del mercado laboral español, la organización con sede en París señala la necesidad de tener en cuenta que las pasadas reformas del sistema y la potencial introducción de medidas de ajuste sobre la tasa de reemplazo o la edad de jubilación "no afecten negativamente a los que ya se han visto más perjudicados por la crisis".

En este sentido, el 'club de los países ricos' considera que mejorar los resultados educativos y reformar el mercado laboral para impulsar la productividad pueden ayudar a abordar esta cuestión, aunque recomienda "reducir o eliminar" el número mínimo de años cotizados requerido para acceder en España a una pensión contributiva, actualmente fijado en 15 años, para que puedan beneficiarse de estas aquellos ciudadanos con vidas laborales significativamente más cortas.

Asimismo, la OCDE plantea una mejora de las pensiones asistenciales para incorporar un mayor elemento redistributivo al sistema de pensiones de España, recomendando reducir el ritmo con que se acumulan los beneficios para una futura pensión durante los primeros años de la carrera laboral con el fin de compensar los costes e impulsar la participación laboral.

Por otro lado, la institución se muestra partidaria de ampliar el periodo de referencia para la jubilación a toda la vida laboral del trabajador y elevar el número de años cotizados necesarios para obtener la pensión máxima.

Más de 9.000 millones de ingresos anuales

En el ámbito impositivo, la OCDE ha apostado por rescatar una recomendación antigua, compartida por el Fondo Monetario Internacional (FMI): aprobar nuevos impuestos de carácter medioambiental y aumentar la recaudación a través del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

"La fiscalidad sigue orientada hacia las rentas del trabajo, lo cual penaliza el crecimiento y el empleo, mientras que los impuestos relacionados con el medio ambiente y el IVA están, en cierta medida, infrautilizados", ha apostillado la entidad.

Debido a esto, al mismo tiempo que recomienda considerar un reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social para los trabajadores de salarios bajos con contratos indefinidos, también ha insistido en que el Ejecutivo tiene que "reconsiderar" la "justificación" de los tipos reducidos del IVA.

Los cálculos realizados por los economistas de la OCDE aseguran que elevar el peso de los impuestos ambientales como porcentaje de la recaudación tributaria hasta la media de la OCDE aportaría a las arcas públicas unos ingresos anules equivalentes al 0,4% del PIB. Asimismo, la supresión de algunos tipos reducidos del IVA también elevaría la recaudación otro 0,4%.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2017 el PIB de España se situó en 1.166.319 millones de euros. Por tanto, ese 0,8% de ingresos adicionales por la subida del IVA e impuestos medioambientales equivale a unos ingresos anuales extra de 9.330 millones de euros.

Más productividad y coordinación

Para que España mantenga el crecimiento y sanee sus cuentas, la OCDE ha recomendado al Gobierno que invierta en formación y en un aumento de la productividad de las empresas.

"Para mantener en el futuro un crecimiento sostenible e inclusivo se precisa incrementar la productividad multifactorial", ha indicado el organismo internacional. "Las políticas destinadas a fomentar la innovación, la digitalización y las habilidades serán cruciales a la hora de impulsar el crecimiento y reducir las disparidades regionales", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que, dado que España es un país descentralizado, el éxito de las reformas dependerá de la "capacidad" que tengan las comunidades autónomas para ponerlas en marcha y de que todas "se coordinen e intercambien las mejoras prácticas en los diferentes ámbitos".