La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado, tal como adelantó ayer INFORMACIÓN, la desimputación de dos de los exconsejeros de Bancaja implicados en el caso Grand Coral, que supuestamente provocó un agujero de 750 millones de euros a la entidad y al Banco de Valencia, y lo previsible es que esta medida acabe por beneficiar también al resto de vocales del principal órgano de gobierno de la extinta entidad. Y es que, tal como confirmaron ayer fuentes conocedoras del proceso, todos los miembros del consejo recurrieron la decisión de la juez Lamela, que el pasado julio cerró la instrucción. Su sucesor en el juzgado ha notificado este lunes la apertura de juicio oral contra 48 acusados, pero todavía no está claro quién acabará en el banquillo porque quedan recursos previos por resolver.

Las fuentes consultadas aseguran que la totalidad de los integrantes del consejo imputados expuso los mismos argumentos por los que Vicente Montesinos y Manuel Escámez han conseguido que, en su caso, la causa vuelva a la situación previa a la de la apertura de juicio, lo que implica, además de su desimputación, no tener que hacer frente a la fianza solidaria de 392 millones que les ha sido impuesta junto a varios empresarios y exdirectivos de la caja.

El abogado de Montesinos y Escámez alegó que no se tuvo en cuenta que, «siendo consejeros no ejecutivos, desconocían a las personas objeto de la investigación [los empresarios Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch]» y que la regla en la entidad era que todas las operaciones sometidas a aprobación del consejo, como la citada de México, fueran examinadas por el comité de riesgos, integrado por técnicos de la entidad, «que proponía y recomendaba la operación». La Audiencia ha hecho suyos estos argumentos y cree que los vocales se limitaron a aprobar las propuestas del citado comité y que no está demostrado que «tuvieran algún tipo de acuerdo con los principales investigados». En esta misma situación se hallaría también el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas. Si bien ejercía con mando en plaza en la caja, formalmente no era ejecutivo. Así, se podría librar de parte de la acusación de la Fiscalía -le pide seis años de cárcel- pero está por ver que logre idéntico beneficio por otros presuntos delitos que le achaca.