Dos sociedades holandesas controladas por los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó «cobraron sin justificación alguna en los años 2009 a 2012 la suma de 8.100.000 USD transferidos desde las entidades mexicanas del Grupo Grand Coral (GGC), que eran financiadas tanto por Bancaja como por el Banco de Valencia».
Así lo recoge la Abogacía del Estado en el escrito en el que acusa a los hoteleros, junto a otras 46 personas más, de los delitos continuados de administración desleal y apropiación indebida en el marco del proceso abierto por los negocios que los empresarios montaron con las entidades financieras en zonas turísticas de México. Una causa en la que también están acusados los entonces directores generales de Bancaja y Banco de Valencia, Aurelio Izquierdo y Domingo Parra, y el expresidente de ambas y exjefe del Consell, José Luis Olivas, por un desfalco que esta parte cifra en cerca de 300 millones.
Frente a los doce años de cárcel que reclama la acusación pública para los empresarios por los delitos de apropiación indebida y blanqueo, la Abogacía del Estado rebaja la petición a ocho. De la apropiación les considera autores mientras que de la administración desleal, solo cooperadores necesarios. Pero no es la única solicitud de pena a la que se enfrentan ambos. Anticorrupción reclama también 22 años para cada uno por su aventura empresarial con la CAM también al otro lado del Atlántico, un proceso en el que se les acusa de seis delitos fiscales y uno de administración desleal en calidad de inductores.
La abogada del Estado María Pons desmenuza en su escrito la estructura societaria de la que se servían los acusados para gestionar un grupo radicado en Holanda (donde se encontraban «sociedades que actuarían como un holding siendo meras tenedoras de acciones de otras mexicanas») y México, país en el que se montaron los negocios. Un organigrama fruto de tres pactos entre los socios (firmados en los años 2005, 2006 y 2009) gracias a uno de los cuales se acordó que la gestión del GCC la llevaran Ferri y Baldó a cambio «del 5% del importe neto de las ventas anuales» del grupo. Un porcentaje que les reportó unos ingresos de 8.100.000 USD «sin justificación alguna», según sostiene esta parte.
La representante legal del Estado, acusación particular junto a Bankia Hábitat y Caixabank, destaca las conclusiones a las que llegaron los peritos en cuanto al modo en que las entidades financiaron estos proyectos a través de operaciones que «carecieron de toda lógica y racionalidad económica desde el punto de vista de las decisiones y la actuación de los representantes tanto de Bancaja como del Banco de Valencia». Un apoyo a los proyectos en el Caribe mexicano y en Baja California por el que «se benefició a los socios promotores (en alusión a los empresarios) perjudicando a los financieros (por las entidades).
Para la aprobación de las operaciones bajo sospecha, destaca la letrada, fue decisiva la actuación de los miembros del consejo de administración de Bancaja, cuyos miembros están también acusados en este proceso. El escrito recoge que «los miembros de los distintos consejos de administración celebrados, a excepción de Rafael Francisco Oltra Climent, aprobaron las propuestas presentadas por los dirigentes de la entidad financiera, sin cuestionarlas ni llevar a cabo una comprobación de las mismas, a pesar de las cuantiosas cifras que figuraban, limitándose a allanarse a las propuestas presentadas por los máximos dirigentes de Bancaja» para beneficio de los hoteleros y perjuicio de los financieros.
Dinero público
Y destaca la Abogacía del Estado que a raíz de estas operaciones «ambas entidades se vieron en la necesidad de ser rescatadas con fondos públicos, por lo que el FROB tuyo que inyectar dinero tanto al Banco de Valencia como a Bankia (que ya formaba parte de Bancaja) haciéndose cargo de las pérdidas ocasionadas por aquellas operaciones».
