Era un grupo perfectamente organizado y como tal actuaba logrando unos ingresos tan ilícitos como millonarios. Por un lado, los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó. Por el otro, los entonces directores generales de Bancaja y Banco de Valencia, Aurelio Izquierdo y Domingo Parra, quienes pusieron las entidades que dirigían al servicio de los primeros. Y al frente, los negocios que a través de la mercantil Grupo Grand Coral (GGC) montaron en zonas turísticas de México (Cancún-Riviera Maya y Baja California-Los Cabos) para los que las dos entidades concedieron préstamos que acabaron en cuentas de los hoteleros abiertas en Andorra que gestionaban, además, los dos directivos.
A grosso modo éste es el relato de los hechos en el que se apoya la fiscal Anticorrupción Elena Lorente para reclamar doce años de prisión a cada uno los integrantes de este cuarteto por los delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales, además de multas de más de 88 millones por cabeza. Un escrito en el que acusa además a otras 44 personas, entre ellas José Luis Olivas, exjefe del Consell y expresidente del Bancaja y de su filial, el Banco de Valencia, para quien reclama 6 años de cárcel por permitir un quebranto económico cifrado en 750 millones. Para el resto de los acusados solicita penas que van de los dos a los doce años de cárcel y reclama además fianzas que suman casi 1.500 millones en concepto de responsabilidad civil.
«Intereses compartidos»
La fiscal considera que la investigación ha demostrado que los entonces directores generales de Bancaja y Banco de Valencia «consintieron y favorecieron operaciones financieras, causantes de un auténtico desfalco a ambas entidades, a través de la cuales se lucraron Ferri y Baldó y los propios Izquierdo y Parra al compartir intereses personalísimos de índole económica a través de cuentas ocultas en Andorra con las que canalizaron parte de los ilícitos beneficios».
La representante de Anticorrupción sostiene que los exdirectivos «llegaron a un acuerdo» con los hoteleros por el que «los primeros trabajarían para los segundos tanto en la gestión de las cuentas de Ferri y Baldó en Andorra como en el absoluto favorecimiento de la obtención de préstamos de las dos entidades bancarias que ambos controlaban». Un «favorecimiento» que implicó «de facto la obtención de plusvalías injustificables para los empresarios y para su socio Juan Poch (a quien se le reclama la misma pena y multa que a sus colegas por idénticos delitos) en absoluto detrimento de las entidades que hicieron ruinosas inversiones a fondo perdido.
El acuerdo, que se materializó el 3 de enero de 2006, incluía la autorización por parte de Ferri y Baldó a Izquierdo y Parra para la «total gestión» de la cuenta abierta en Andorra «en la que recalaron una parte importante del dinero que Bancaja y Banco de Valencia habían invertido en el GGC».
«Actitud complaciente y pasiva»
Para que todo ello fuera posible, destaca la acusadora, fue imprescindible «la actitud complaciente y pasiva de quienes debieron controlar» que esto no ocurriera. Ahí sitúa tanto a Olivas como al exdirector general de Bancaja hasta octubre de 2007 García de la Checa, por «permitir que Izquierdo y Parra pusieran al servicio de Ferri, Baldó y Poch tanto a Bancaja como al Banco de Valencia». Una situación que el exjefe del Consell conocía ya que «era consciente de que se trataba de inversiones millonarias que comprometían financieramente a las dos entidades que presidía, pero evitó cualquier conocimiento sobre la naturaleza, garantías y características de dichas inversiones limitándose a permitir que sus directos subordinados realizaran cuantas maniobras estimaran oportunas».
La fiscal recoge que los peritos designados por el Banco de España destacaron «frente al quebranto para las entidades financieras el ingente enriquecimiento de Ferri, Baldó y Poch», quienes ejercían «un control omnímodo sobre la gestión de Grand Coral siendo Bancaja y Banco de Valencia «meros socios capitalistas».
