El Gobierno aprobó ayer un Real Decreto Ley que modifica el artículo 29 de la ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), para que sean los bancos quienes paguen este tributo en la suscripción de hipotecas, y no los clientes como hasta ahora, y como así determinó el Tribunal Supremo tras dos días de deliberación. Se cumple así el anuncio que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el día anterior. La nueva norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hoy y entrará en vigor el sábado.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, indicó que con este Real Decreto el Gobierno afirma «con toda contundencia y toda claridad» que este impuesto lo pagará el banco. Además de la modificación del artículo 29 de la ley del ITP y AJD, en el que se incluye un párrafo que aclara que cuando se trate de escrituras de préstamos con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista, el Real Decreto también modifica el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para establecer que las entidades financieras no podrán deducirse este pago en el Impuesto sobre Sociedades.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que el objetivo del decreto es asegurar que los ciudadanos «no tengan que pagar más» este impuesto a la hora de escriturar una hipoteca, después de la «alarma social y la inseguridad jurídica» que creó la sentencia del Tribunal Supremo.

«Desde el respeto a la separación de poderes, lamentamos el cambio de criterio del Supremo, por lo que hoy -por ayer- le ha tocado hablar al poder ejecutivo, que vela por el interés general de los ciudadanos y por garantizar la seguridad jurídica del mercado hipotecario, que quedaron en entredicho en estas semanas», subrayó la ministra, tras admitir que la rectificación del Alto Tribunal provocó una «cierta paralización» en la suscripción de hipotecas.

Montero, que justificó la urgencia de la aprobación de los cambios a través de un Real Decreto por la «confusión generada» por la sentencia y por la necesidad de clarificar la normativa para que no haya dudas acerca del sujeto pasivo, afirmó que en paralelo a esta medida el Ministerio de Economía está trabajando en la creación de una autoridad independiente de protección de clientes financieros, que estará lista en las próximas semanas.

Esta autoridad, añadió, velará para prevenir que las entidades financieras puedan trasladar a las hipotecas el coste del pago del impuesto o que se introduzcan «cláusulas abusivas» al respecto. Además, rechazó el «mantra» de que cada vez que se introducen impuestos para las empresas o entidades financieras se hable de repercusión de costes y de que «o paga el ciudadano o paga el ciudadano».