¿España no es país para jóvenes en estos momentos?
España es un país que tiene verdaderos problemas de equidad intergeneracional, y eso se manifiesta en el hecho de que los jóvenes confrontan unas dificultades específicas que no se dan en otros países europeos. Esto se puede ver de manera evidente en el hecho de que, desde que comenzó la crisis, más allá de que hay problemas estructurales de fondo, la pobreza infantil y juvenil está ocho puntos por encima de la pobreza media en España, y el incremento de la pobreza infantil, por ejemplo, desde que comenzó la crisis, es de más de un 16%. Por tanto, esto lo que señala es que los jóvenes no sólo son los perdedores en términos de expectativas de futuro, sino que también son los perdedores materiales de esta crisis, y esto es algo que no interpela sólo a una generación, sino al conjunto del país. Si no somos capaces de generar un sistema de bienestar sostenible para todos, y eso implica empezar por los jóvenes, España no será un país no sólo para jóvenes sino para nadie.
¿Qué hemos hecho mal para llegar a este punto?
Hay varios componentes que no hemos sabido atajar. El primero y evidente es que tenemos un mercado de trabajo enormemente destructivo, que se ceba principalmente en cuatro colectivos: jóvenes, mujeres, inmigrantes y parados de más de 50 años, que están casi siempre atrapados en la temporalidad y precariedad, y nuestro sistema productivo y nuestra regulación laboral no han sido capaz de atajarlo en estos 40 años.
¿Y qué incidencia tiene nuestro sistema educativo?
También tenemos un problema muy serio en términos educativos. El nuestro es un país que tiene una forma en su sistema educacional de reloj de arena. Tenemos un nivel razonable de universitarios, pero el sistema productivo no los absorbe, tenemos muchos universitarios desempeñando tareas por debajo de su nivel de cualificación, y, al mismo tiempo, somos el país con mayor tasa de abandono escolar de toda la OCDE. Tenemos, por tanto, muchísimos jóvenes que ni siquiera acaban la educación básica. Esto hubiera requerido una reforma educativa en serio, cosa que todavía sigue pendiente. Luego, además, tenemos un sistema de bienestar que es de corte bismarckiano, es decir, un sistema muy basado en cotizaciones a la Seguridad Social para acceder a prestaciones por desempleo o a la jubilación. Claro, si los jóvenes de hoy están atrapados en bucles de precariedad y no cotizan, no tienen acceso a las prestaciones del sistema de bienestar, quedan más expuestos a la pobreza. Encima, tenemos a muchos jóvenes en una posición muy vulnerable, porque ni siquiera tienen la cualificación mínima para poder optar a puestos de trabajo, generando que todos los que salieron por la burbuja inmobiliaria estén en una situación de enorme vulnerabilidad. Estimamos que entre 1,5 y 1,8 millones de jóvenes en España están atrapados en el síndrome de los «ni-ni-ni», ni estudian, ni trabajan, ni se lo pueden permitir, que es lo más grave. Y ahí es donde harían falta políticas mucho más urgentes.
¿Y esas políticas urgentes serían posibles hoy, con tanta fragmentación y cuando todos están en permanente precampaña?
Yo creo que es posible. Igual que hemos sido capaces de entender que hay que hacer un Pacto de Toledo o un Pacto contra la Violencia de Género, podemos hablar de impulsar un pacto y una mesa de seguimiento de políticas intergeneracionales. En Francia o Reino Unido ya lo están haciendo. Además, hay dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, que tienen electores relativamente jóvenes, y eso debería hacer que su interés electoral sea intentar buscar acuerdos con los miembros sénior, los partidos clásicos, para intentar moverse hacia políticas más equitativas desde una perspectiva intergeneracional. Esto no va de una batalla de jóvenes contra mayores, sino de un reequilibrio, de manera que los mayores entiendan que sin los jóvenes no se pueden pagar sus pensiones ni su sistema de bienestar, y eso requiere pactos más amplios que trasciendan las fronteras ideológicas tradicionales.
Sin embargo, los resultados del Pacto de Toledo o del Pacto contra la Violencia de Género han sido los que han sido hasta ahora...
Es verdad, pero han conseguido una cosa: que se hable de ello. Hoy las políticas de juventud e intergeneracionales ni siquiera están en la agenda, porque hay algo que conspira contra ellas, que es la creencia muy extendida de que la juventud es algo que se cura con la edad. Si entendemos que ser joven está ligado a precariedad, vamos a ser un país de Peter Pan. Además, tenemos que entender que la pobreza en edades tempranas genera una cicatriz que se arrastra de por vida. En los momentos más productivos y de mayor desarrollo vital, encontrarse con situaciones de pobreza te va a lastrar para toda la vida.
La OCDE calcula que en 2050 casi el 40% de la población tendrá más de 65 años en España, ¿hacia dónde debe ir el Estado del bienestar?
Es muy difícil hacer proyecciones a futuro, porque, al final, hay variables que no controlamos. Es verdad que el envejecimiento demográfico es una fuerza estructural que está ahí, en las sociedades occidentales, y no sólo en España, pero elementos como cómo va a ser el mercado de trabajo, lo productivos que vamos a ser o los stocks de inmigración son muy complicados de intuir ahora. Pero sí hay algo que es muy evidente: si no tenemos jóvenes que sean productivos y estén bien empleados, ese sistema va a ser menos sostenible. Por tanto, va en interés de todos reequilibrar el pacto intergeneracional para hacer sostenible ese tipo de situaciones.
Mensajes antiinmigración parece que van calando. ¿Hay un problema real o un problema creado?
Sí es verdad que hubo en Europa una crisis migratoria ligada a la crisis de los refugiados en 2015, pero hoy ese problema no existe. De hecho, la inmigración que llega a España normalmente lo hace para migrar a otros países dentro de la UE, ni siquiera se queda. De momento, en España mostramos en todas las encuestas índices de aceptación y tolerancia hacia la inmigración bastante altos. Somos uno de los países con más matrimonios interraciales de toda Europa. Es verdad que hay que ver cómo lo vamos a hacer para la integración a futuro y para no tener problemas como los de otros países, pero, desde una perspectiva de equidad y eficiencia, tiene cierto sentido plantear que la migración puede ser una salida razonable. Pero, y éste es un pero importante, confiar en que la inmigración va a solucionar el problema demográfico es un error. Primero, los migrantes están entrando y sostienen el sistema de pensiones, pero esos migrantes se jubilarán el día de mañana y, por lo tanto, estamos aplazando un problema estructural de fondo. Segundo, porque los inmigrantes, cuando llegan, adoptan los mismos patrones reproductivos de los españoles, porque lo que explica la baja tasa de natalidad es lo destructivo que es nuestro mercado de trabajo, o las enormes dificultades de la mujer para conciliar. Y esas cuestiones tocan a cómo está diseñada nuestra estructura institucional y de incentivos, no es un tema meramente cultural.
Entonces, ¿cómo se explican mensajes antiinmigración como los de Vox o los del propio Pablo Casado?
Porque es verdad que hay un contexto internacional en el que se está hablando más de la extrema derecha y de política migratoria, y eso genera radiaciones que llegan a nuestro país, pero también porque, por primera vez en España, estamos viendo una competencia dentro del campo de la derecha que antes no había existido, y Vox, que ni siquiera es un partido parlamentario, genera tal efecto sobre sus rivales que éstos se ven obligados a colocarse en posiciones más duras.
La crisis de la socialdemocracia o el auge de la extrema derecha son aspectos que aborda en su último libro, El príncipe moderno . ¿Es un fenómeno consecuencia del otro?
Están conectados hasta cierto punto. Una parte del auge de la extrema derecha es a costa de dos colectivos que antes votaban a partidos tradicionales. De la derecha tradicional comen a las clases medias y pequeños propietarios, y de la izquierda socialdemócrata comen al electorado obrero manual no cualificado. Esto está ocurriendo en Europa, no en España, ojo. La manera en la que los partidos de extrema derecha articulan una coalición tan diferente, comiendo en ambas direcciones, es gracias al «chauvinismo» del Estado del bienestar. Dicen que ellos están a favor de la redistribución, pero sólo para los de aquí, sólo para los nacionales, y ése es un elemento muy potente porque la identidad en torno a la nación en un contexto de incertidumbre permite vertebrar electorados tan distintos. Efectivamente, una parte del declive de los partidos socialdemócratas es porque sus bases electorales se están transformando y los obreros ya no son su puntal principal en Europa, sino que son los profesionales cualificados, y eso les descoloca en sus políticas.
¿Qué se puede hacer para recuperar la iniciativa legislativa aquí?
España ha cambiado muchísimo en estos seis años. Ha pasado de tener un sistema con dos partidos que sumaban el 83% del voto a otro en el que hay cuatro partidos, y los dos principales suman 55%; con una moción de censura exitosa; una crisis constitucional con Cataluña... Hemos vivido en estos años tantas cosas y tan rápido que los actores políticos no se han reajustado todavía, no han entendido muy bien qué está pasando. El multipartidismo en Europa fue emergiendo durante 20 años y aquí, en seis. Esto ha llevado a la fragmentación y a falta de mayorías, cosa que ha afectado no sólo al PSOE, sino también al PP. Cuando estaba el PP en el Gobierno, la producción legislativa era muy baja, casi inexistente. No tenemos mayorías de trabajo que permitan articular un proyecto de al menos cuatro años. Luego, lo que no hemos hecho antes con más razón no lo vamos a hacer ahora, porque desde la moción de censura estamos en un periodo pre-electoral. Los partidos están en el regate corto estratégico para tratar de ganar las elecciones, y es una pena que en un contexto en el que están pasando tantísimas cosas nosotros estemos enredados. Lo único que podemos hacer es rezar para que de un color político o del otro haya una mayoría un poquito estable a partir de las próximas elecciones, que pueda haber un pacto de legislatura de cuatro años, y que se hagan las reformas que hacen falta.
¿Qué puede pasar tras el espectáculo que ha dado el Supremo con el impuesto sobre las hipotecas?
El primer coste evidente es el mayor descrédito de la Justicia. Un 56% de los españoles, según el Eurobarómetro, consideran que la Justicia en España es poco o nada independiente, y son datos de 2015. Por lo tanto, esto va a incidir más en ese descrédito. Incluso en los informes que hace la UE preguntando qué opinan los jueces, el 80% considera que los ascensos no son meritocráticos. Por tanto, también hay malestar dentro de la carrera judicial sobre cómo funciona. El sistema judicial es extremadamente importante. En un contexto liberal democrático necesitamos un Poder Judicial autónomo, independiente y eficaz, y, si se incurre en un descrédito elevado, daña al conjunto de la democracia. Y, además, todo en un contexto en el que el Tribunal Supremo va a tener que entrar en un juicio muy delicado a propósito de la situación en Cataluña. Por eso, corresponde a los legisladores afrontar de cara la reforma, de la que se habló cuando emergieron los nuevos partidos, y que, enredados en la marejada, se nos olvidó y ha quedado en el cajón.
