La decisión final del Supremo ha frustrado las expectativas de todos aquellos hipotecados que cruzaban los dedos para que el cambio de doctrina se mantuviera y, además, se aplicara la retroactividad. Si así hubiera sido, y sólo tomando como referencia los últimos cuatro años, una de las opciones que se barajaba, podrían haberse visto afectadas 63.336 personas en Alicante, a tenor de los datos que maneja la Dirección General de Tributos, dependiente de la Conselleria de Hacienda. De hecho, las autoliquidaciones presentadas hasta octubre de este año habrían supuesto 144,5 millones, que es lo recaudado por el impuesto de actos jurídicos documentados por la constitución de garantías hipotecarias. En teoría, si se hubiera aplicado la retroactividad, los hipotecados habrían reclamado a la Generalitat y, posteriormente, la Administración autonómica cobraría esas cantidades a los bancos. Por años, de 2014 se contabilizaron 2.251 autoliquidaciones, por 6,5 millones; de 2015, 14.572, por 31,9 millones; de 2016, 15.788 autoliquidaciones, por 36,2 millones; de 2017, 15.757 autoliquidaciones, por 34,3 millones; y de 2018, 14.968 , por 35,6 millones.
